Luego de que Página/12 revelara el lunes que sectores del gobierno presionan para impulsar una política de cielos abiertos satelitales que pondría en riesgo el futuro de la estatal Arsat, José Antonio Sánchez Elía, referente de comunicaciones de la Fundación Pensar, think tank macrista, reivindicó la necesidad de avanzar con la desregulación del sector. “Me resulta injusto que nuestra gente tenga que pagar más por sus telecomunicaciones bajo la excusa de proteger nuestra industria satelital. La Argentina necesita integrarse al mundo, nuestro pueblo tiene que estar conectado a internet de la forma más económica posible”, aseguró el martes en su muro de Facebook el presidente y CEO de la firma satelital Tesacom, quien estuvo a punto de ser designado por el presidente Mauricio Macri como ministro de Comunicaciones hasta que un acuerdo con los radicales llevó a poner en su lugar a Oscar Aguad. Pese a aquel desplante de último momento, Sánchez Elía promovió a dos hombres de su confianza en puestos clave del ministerio ya que Héctor Huici fue designado secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Hugo Miguel, hasta entonces director de tecnología de Tesacom, asumió como subsecretario de Planeamiento dentro de esa misma secretaria. Desde allí, se comanda el lobby para desregular el sector satelital.

Este diario informó el lunes que el primer indicio concreto de la intención de avanzar hacia una desregulación se conoció el miércoles 3 de agosto cuando se publicó en el Boletín Oficial una breve resolución en la que el Ministerio de Comunicaciones autorizó a la empresa New Skies Satellites, propiedad de la europea SES, a brindar servicios en el país con el satélite NSS-806 en la posición orbital 47.5 Oeste. Aquello fue una oficialización de algo que ya venía ocurriendo porque ese satélite había sido autorizado a operar en Argentina en agosto de 2000 en la posición 40.5 Oeste y en 2014 fue desplazado de hecho a la posición 47.5. Cuando SES concretó ese corrimiento, lo hizo para poner el satélite SES 6 en 40.5°. Por lo tanto, desde entonces ambos aparatos operan en tándem lo que le permitió a la firma mejorar su capacidad de transporte de señales audiovisuales HD en América del Sur, donde compite con Arsat-1 y Arsat-2. Esa resolución generó preocupación entre especialistas e industriales argentinos porque avala parcialmente la maniobra de SES, aunque el SES 6 todavía no esté autorizado a operar en el país, y lo hace apoyándose en una serie de normas que liberalizaron el sector entre fines de los 90 y comienzos de 2000 abriendo lugar a la competencia extranjera, política que entra en contradicción con la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital aprobada en noviembre del año pasado.

A partir de los compromisos asumidos por el gobierno de Carlos Menen en la Organización Mundial del Comercio, ratificados por las leyes 24.495 de diciembre de 1994 y 25.000 de julio de 1998, Argentina liberalizó sus servicios de telecomunicaciones en noviembre de 2000. La única excepción fue la provisión de facilidades satelitales ya que en febrero de 1993 el gobierno le había adjudicado a un consorcio extranjero un contrato para la provisión, puesta en servicio y operación del sistema satelital nacional y en el contrato se aclaró expresamente que el Estado argentino no autorizaría a terceros prestadores de satélites extranjeros, salvo que existiese un convenio de reciprocidad de tratamiento por parte del Estado al que pertenecía dicho prestador. Esa última aclaración terminó siendo el caballo de troya de la industria porque el gobierno incorporó las condiciones para la firma de acuerdos de reciprocidad en el Reglamento de Gestión y Servicios Satelitales y luego cerró convenios con Estados Unidos, Canadá, México, España, Brasil y Holanda. En los hechos, esos tratados tuvieron poco de reciprocidad y sirvieron fundamentalmente para que consorcios extranjeros pudieran comenzar a brindar servicios satelitales en el país. Un caso extremo es el convenio con Holanda que le permitió a la europea SES comenzar a brindar servicios en el país en agosto de 2000 a través de los satélites extranjeros NSS 803; NSS 806 y NSS-7, pese a que Argentina no brinda ningún servicio satelital en Holanda.

Sánchez Elía tuvo un rol protagónico en aquellos años. Entre 1991 y 1993 fue subinterventor de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y también dirigió el proyecto de licitación del Sistema Satelital Argentino. Además, fue presidente de la Comisión de Estudio para la Reglamentación de los Sistemas de Satélite de Baja Altura y Jefe de Gabinete de Asesores del Subsecretario de Comunicaciones, Germán Kammerath. Desde 2001 es presidente y CEO de Tesacom, empresa de soluciones satelitales asociada a grandes jugadores extranjeros como la española Hispasat, firma interesada en que Argentina avance con una política de cielos abiertos. Eutelsat Americas también presiona por una mayor desregulación ya que busca que el gobierno la autorice a proveer facilidades satelitales en el país a través de Eutelsat 115 WA (ex Satmex 5), Eutelsat 113 WA (ex Satmex 6) y Eutelsat 117 WA (ex Satmex 8).

En línea con esos objetivos se expresó Sánchez Elía. “No aprovechar la capacidad que ilumina nuestro territorio es desperdiciar un recurso puesto a disposición de nuestro país. Tampoco es cierto que cerrar los cielos vaya a promover nuestra industria satelital. Muy por el contrario limita su expansión al interior de nuestras fronteras en lugar de integrarla al mundo”, remarcó de manera pública en su Facebook. Otras fuentes del ministerio, en cambio, tomaron distancia de ese argumento, pues afirman que, si bien la desregulación bajaría los precios, pondría en riesgo a la industria nacional satelital.