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El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, tiene entre sus planes avanzar con una nueva reforma de la Carta Orgánica de la entidad. Pretende desmontar los cambios que se introdujeron en 2012 y volver al esquema normativo anterior, más afín a sus convicciones técnicas e ideológicas, diseñado por Domingo Cavallo en 1992. Sturzenegger comparte una larga historia con el ex ministro de Menem y De la Rúa. Fue su secretario de Política Económica en 2001, en una gestión inolvidable por el megacanje, la rebaja del 13 por ciento a los jubilados y el corralito, y vivió de cerca la etapa de “gloria” del mediterráneo en los ‘90 cuando su padre, Adolfo, era uno de sus asesores principales. El banquero central de Macri le viene haciendo honor a esa trayectoria en los ocho meses que lleva de mandato. Dejó de lado la orientación heterodoxa que impone la Carta Orgánica del Central al titular del organismo y desempolvó el manual neoliberal que se utilizaba hasta que Mercedes Marcó del Pont ocupó el cargo a fines de la década pasada. Ese giro radical ubica a Sturzenegger en la incómoda posición de estar incumpliendo la ley, que el Congreso sancionó por amplia mayoría hace cuatro años. Para un defensor a ultranza de la independencia de la autoridad monetaria, la contradicción de independizarse de la ley que actualmente debería guiar su gestión tiene una connotación especial. De allí que uno de los objetivos que se trazó Sturzenegger para cuando el Gobierno encuentre las condiciones políticas es promover una contrarreforma de la Carta Orgánica que ampare las decisiones que viene tomando de hecho.

La Carta Orgánica que se aprobó en 2012 instruye a las autoridades del Banco Central a perseguir objetivos múltiples. Abandona la idea de que la estabilidad de precios debe ser la única meta y establece que ésta debe estar acompañada por “el desarrollo económico con equidad social, la promoción del empleo y la estabilidad financiera”. La modificación no implica que el BCRA dejará de “preocuparse” por la inflación, sino que elimina la visión monetarista del fenómeno donde los únicos causantes de los aumentos de precios son la emisión monetaria y el exceso de demanda. Las medidas que viene tomando el Central desde el 10 de diciembre van exactamente en sentido opuesto al mandato de la ley. De hecho, desde el mes que viene el organismo proyecta adoptar como regla de oro las metas de inflación, que subordinan las variables económicas como el crecimiento y el empleo al control de precios a través de una política monetaria rigurosa y contractiva. Las consecuencias de esa orientación general están a la vista estos meses con el derrumbe de la actividad económica, la multiplicación de los despidos y la duplicación de la inflación, cuyos motores más que monetarios fueron la devaluación, la quita de retenciones y el desmantelamiento de los controles a la formación de precios.

Las decisiones que impulsó Sturzenegger desde el Banco Central conspiraron, al mismo tiempo, contra una de las prioridades de política económica que se fijó Cambiemos desde la campaña electoral: el aliento a la inversión. De acuerdo al Indec, ésta sufrió una caída del 3,8 por ciento en el primer trimestre y las previsiones para el resto del año no son mucho mejores. Frente a las altas tasas de interés que impuso el Central, los proyectos productivos quedan en el freezer hasta nuevo aviso. Junto con esto, el organismo fue dando de baja regulaciones macroeconómicas prudenciales y aquellas orientadas a controlar al sector financiero. El resultado fue una agudización de la recesión, un crecimiento explosivo de la rentabilidad de los bancos en detrimento de los usuarios y un debilitamiento de los mecanismos de defensa frente a eventuales shocks externos, abriendo otra vez la puerta al endeudamiento masivo de la economía y a la fuga de capitales.

Un repaso por las principales medidas permite observar el proceso:

- Fin al crédito dirigido: la gestión de Sturzenegger fue desmontando los instrumentos regulatorios diseñados por el directorio anterior para forzar a los bancos a prestar a la producción, y en especial a las pymes. Modificó la Línea de Crédito para la Inversión Productiva (Licip) que imponía al sistema financiero la obligación de destinar hasta el 7,5 por ciento de los depósitos privados a prestar a esos sectores, con tasas subsidiadas al 18 por ciento anual. Con ello, limitó el alcance del plan, a la vez que subió la tasa a 22 por ciento. Pero además desactivó el comité de seguimiento permanente de los bancos que auditaba el cumplimiento de la norma, y flexibilizó los requisitos que deben cumplir las entidades sobre los créditos a conceder. “Ahora se dedican muchos más a descontar cheques en la Bolsa, adonde no llegan las pymes más chicas”, explica el ex presidente del Central, Alejandro Vanoli. En paralelo, otros organismos del Estado, como la Superintendencia de Seguros y la Comisión Nacional de Valores (CNV), dieron de baja la instrucción a compañías de seguro y fondos comunes de inversión de financiar también a la producción. La Anses, por su parte, redujo la participación de los créditos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) a la producción, y proyecta la paulatina liquidación de ese ahorro de los trabajadores en lugar de potenciarlo para apalancar a la economía real.

- Libre entrada y salida de capitales: se eliminó el encaje de 30 por ciento que debían constituir fondos extranjeros para inversiones especulativas en el mercado de capitales. Eso expone al país a la conformación de burbujas cuando las divisas entran y a estallidos cuando salen en manada. Después de tantas crisis en el mundo por esa razón, hasta el FMI y el G-20 recomiendan ahora evitar tales grados de liberalización financiera. “En la Argentina la desregulación de capitales siempre propició etapas de endeudamiento que en algún momento se cortan y dejan en ruinas al Estado. En el ínterin, la bicicleta financiera genera apreciación cambiaria”, alerta Vanoli.

- Libertad para la remisión de utilidades al exterior: el Central volvió a abrir el grifo para que las multinacionales giren ganancias a sus casas matrices. En el primer semestre salieron 1451 millones de dólares del sector privado y 281 millones del sistema financiero por esa vía.

- Liberalización cambiaria: la posibilidad de comprar divisas es irrestricta. Se eliminó hasta el límite de 5 millones de dólares mensuales, una medida que como es obvio no está pensada para pequeños inversores sino para quienes tienen semejante capacidad económica. Las multinacionales, en primer lugar. También se suprimieron regímenes informativos de operaciones cambiarias por comercio exterior, facilitando las maniobras de elusión y evasión fiscal a través de transacciones entre empresas con sus casas matrices. El sector automotor, las exportadoras de cereales o las telefónicas eran las más controladas en el pasado por el uso de los precios de transferencia.

El Central también tomó una serie de medidas que generaron rentabilidades extraordinarias al sistema financiero a costa de sus clientes, cada vez más desprotegidos.

- Sin piso ni techo para las tasas de interés: se eliminó el tope de tasas que podían aplicar los bancos por la cesión de créditos y el piso que debían pagar a los ahorristas por la captación de depósitos. Esto favoreció una ampliación de los spreads, aunque hasta ahora los bancos estuvieron más dedicados a volcar el fondeo que obtienen del público y las empresas a la compra de Lebacs, con tasas que fueron del 38 al 29,25 por ciento en estos ocho meses, que a aumentar el crédito disponible. De hecho, este cayó un 12,8 por ciento real en el primer semestre, de acuerdo al último informe de la autoridad monetaria.

- Desregulación de cargos y comisiones: desde septiembre los bancos podrán fijar libremente los precios de cargos y comisiones por servicios financieros, como la renovación de tarjetas de crédito, las extracciones por cajero automático o los distintos paquetes que ofrecen. Esta es una fuente de ganancias fabulosa para el sector bancario, que ahora se verá potenciada por el corrimiento del Central.

- Sin defensor del usuario financiero: la nueva gestión desactivó la recepción de denuncias de clientes bancarios por abusos de las entidades financieras, quienes antes eran atendidos por el defensor del usuario financiero. La oficina sigue existiendo, pero con perfil decorativo. Del mismo modo, se dejó de lado el área de educación financiera que instrumentaba campañas para informar de sus derechos a los consumidores.

La devaluación, la bicicleta financiera y medidas como esas redundaron en que los bancos ganaron en el primer semestre un 52 por ciento más que en igual período del año pasado, hasta 38.425 millones de pesos. Solo para tomar dimensión, Fútbol para Todos cuesta 1800 millones de pesos al año. Esa rentabilidad se logró pese a la caída real de los depósitos en pesos, del 12,1 por ciento, y una baja real de los créditos del 12,8. Es decir, el sistema financiero que está consolidando la administración de Sturzenegger le sirve a los poderes concentrados, a quienes se endeudan, a quienes especulan y a quienes fugan divisas, mientras que la economía real se ve abandonada a su suerte. No parece ser el mejor camino para soñar con la reactivación, y menos si una reforma de la Carta Orgánica cristaliza ese funcionamiento de manera permanente.