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Tras el fallo adverso de la Corte Suprema, Mauricio Macri convocó ayer en Olivos a las principales figuras de su gabinete. La reunión, que no figuraba en la agenda oficial, fue difundida vía Twitter por la vicepresidenta Gabriela Michetti como una “reunión de coordinación política”. Estuvieron el ministro del Ingerior, Rogelio Frigerio, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, además de los vicejefes de Gabinete, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. No participó el ministro de Energía, Juan José Aranguren, aunque desde la Casa Rosada aseguraron que no se lo incluyó porque no se trató específicamente el tema del tarifazo. “Eso ya está. La Corte lo que hizo fue trazarnos la hoja de ruta. Ahora no tenemos otro margen, tenemos un sólo objetivo que es adelantar las audiencias”, señalaron en el entorno de uno de los participantes, que ya está pensando en los dos temas más importantes que le quedan al Gobierno para el resto del año: la reforma política y el presupuesto nacional.

Reacomodándose tras el golpe que significó la sentencia del máximo tribunal, el Gobierno aceleró los tiempos para la audiencia pública, que se realizará el 12 de septiembre. Si bien no está definida, en los próximos días publicarán en el Boletín Oficial la convocatoria a otra audiencia, en este caso por los aumentos de la luz. “No vamos a esperar hasta octubre. La idea es unificarlas o pegarlas lo más posible”, reveló una fuente de Casa Rosada. Si bien en el oficialismo saben que la oposición seguirá haciendo incapié en ese tema, pretenden acelerar el trámite para dejarlo atrás lo más pronto posible. “Sabemos que las audiencias van a ser una carnicería”, graficó la misma fuente.

Además del costo político de cara a la sociedad, el tema del tarifazo generó cierto malestar hacia adentro de la alianza Cambiemos. En el Ejecutivo se enojaron con el titular de la Cámara baja, Emilio Monzó, y con el jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, por el poco respaldo que recibió Aranguren en el plenario de comisiones del martes pasado. Les reprochan no haber “salido a bancar” al ministro frente a las críticas del Frente Renovador, el Frente para la Victoria y el Bloque Justicialista, entre otros espacios opositores. La bronca se hizo extensiva a los radicales, que lejos de apoyar a Aranguren, en algunos casos como el del diputado Ricardo Alfonsín salieron a criticar públicamente. “La UCR nos está trayendo muchos dolores de cabeza, más de lo esperado. No suman y menos en el Gobierno”, señalaron fuentes desde el macrismo. Por este tema fueron convocados el jueves Monzó y Massot a una reunión con Marcos Peña. El jefe de Gabinete transmitió la queja de Macri, que personalmente había pedido respaldar a su ministro. Ayer no estuvo en la reunión de Olivos porque se encontraba en Córdoba.

“Salieron más a bancar los gobernadores que los radicales”, insistió un hombre al tanto de las negociaciones entre la Nación y las provincias. En la Casa Rosada recuerdan que en los días previos al fallo de la Corte unos 15 mandatarios provinciales, entre oficialistas y peronistas, hablaron a favor de readecuar el cuadro tarifario, en función de las necesidades de las distribuidoras de energía. “Esas gestiones fueron todas balas perdidas y ahora hay que volver a convocarlos para el acuerdo federal energético. Sabemos que lo vamos a alcanzar pero es toda una movida que nos va desgastando porque lo de la coparticipación recién se va a ir devolviendo a lo largo de cinco años”, explican en el entorno del ministro político. Lo del acuerdo federal energético fue anunciado por Peña el día del fallo. Incluiría a los gobernadores, los empresarios del sector y los gremios. La idea es llegar a las audiencias con esa iniciativa concretada y así tratar de amortiguar el impacto.

En paralelo el oficialismo tiene otro objetivo clave: la aprobación del presupuesto nacional. Por costumbre el Parlamento lo aprueba durante septiembre, salvo contadas excepciones en las que se sancionó fuera de término. Un año, incluso, el kirchnerismo se quedó sin presupuesto por el acuerdo del denominado Grupo A. El otro tema que desvela al gobierno es la reforma política. La fecha límite es octubre, justo un año antes de las legislativas. No será facil llegar con los plazos ya que recién comenzó a debatirse en Diputados y el tratamiento quedó empantanado esta semana cuando no se logró el quórum en el plenario de comisiones. “Ahora van a tener que negociar todo, y no sólo con los amigos. Van a tener que buscar consensos en serio”, resumió un hombre del FpV-PJ, en referencia al proyecto para implementar la boleta única electrónica. En principio, desde el oficialismo ya dejaron entrever que aceptarán implementar la BUE de manera progresiva, para llegar a su utilización completa en 2019.