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El Gobierno se tragó el sapo pero puso buena cara. Juan José Aranguren, el gran responsable del fallo de la Corte, estuvo en la cabeza de todos. Si se va o si se queda. La Rosada apostó a un tarifazo que salió mal, desde el principio hasta el fin. Y apostó mucho. Así lo demostró la presión, desvergonzada, de Clarín y La Nación sobre la Corte en los días previos. Aprietes a los supremos presentados como trascendidos de buena fuente y aprietes a la sociedad con futuros apocalípticos que se describieron al detalle. Los columnistas bombardearon con advertencias y presagios sombríos. Periodismo de guerra, le dicen ahora. No es algo nuevo. Expresar a los que más tienen en detrimento de los sectores populares es una vieja y redituable práctica de ese tipo de periodismo.

Al ignorar las audiencias públicas con los consumidores y hacer actuar al Estado como representante de un cartel de empresas que fijan el precio, el tarifazo macrista pretendía transformar un servicio público en una mercancía controlada en forma monopólica. No es una metáfora: el ministro del área es accionista y ha sido CEO de una petrolera. El fallo de la Corte puso en tela de juicio esa concepción de servicio público.

Además, el Gobierno quedó en un brete porque se gastó la plata antes de tenerla. Una de sus primeras medidas fue dársela a los acopiadores y grandes productores del campo con las retenciones. Tomó esa resolución antes de recuperar los fondos de los subsidios y ahora deberá sostenerlos sin contar con las retenciones. Tendría que haberlo hecho al revés: primero sacar los subsidios y después las retenciones. Hay una concepción neoliberal, pero además hay ineptitud en la gestión. El tarifazo fue una burrada de derecha que, con la excusa del mercado, siempre se pone del otro lado del mostrador.

El problema es por los meses en rojo que devienen de su ineptitud, desde que cedió las retenciones en enero, hasta que pueda poner en marcha los nuevos precios dentro de unos seis meses. El gobierno tendrá que convocar audiencias públicas, tomar nota y recién después fijar nuevos parámetros. En ese lapso, el comercio y la industria, pequeños y medianos, fábricas recuperadas y clubes de barrio, que quedaron fuera del fallo, llevarán sus litigios a los tribunales que ya cuentan con el antecedente de la decisión de la Corte.

Es una carrera contra el tiempo. El que viene es un año electoral. Lo que no haga hasta fin de año deberá posponerlo hasta después de unas elecciones a las que llegará con el desgaste de esta circunstancial, pero costosa, derrota. Por el salvajismo de la medida y la ineptitud con que fue aplicada, perdió parte de lo que había capitalizado en el triunfo electoral sobre el kirchnerismo. No pudo retener el voto que se le sumó en segunda vuelta y resulta improbable que lo recupere.

Encuesta casera con taxistas: se extinguió el discurso crispado, cambiaron el dial de la radio y manejan en silencio. Varios enojados con Macri, reivindican al gobierno kirchnerista. Son más los que critican al gobierno actual pero aclaran que no son kirchneristas y muy poquitos los que se atreven a defender a Macri, en una ciudad que ha votado amarillo. Las encuestas dicen más o menos lo mismo.

El tire y afloje con las tarifas desgastó a Cambiemos cuyo único recurso para ganar o mantener simpatías no son sus políticas públicas sino la campaña mediático judicial contra el kirchnerismo. No es casual que al mismo tiempo que el ajuste achica su espacio, el oficialismo recrudece su campaña con respaldo de periodistas, jueces y fiscales. Es un recurso básico de manipulación mediática. Se trata de saturar los medios con cataratas de denuncias en los tribunales y con una lluvia de medidas de prueba y citaciones a declarar. La seguidilla es interminable y asfixiante. Hasta que los ciudadanos más atrasados, que en esta sociedades “semiocapitalistas” son los más expuestos a la información manipulada, –los supuestamente “más informados”–, son intoxicados y se vuelven paranoicos cargados de odio.

Impulsados por el fiscal Germán Moldes y amparados por el juez Claudio Bonadio –dos ex funcionarios menemistas acusados de no investigar el encubrimiento del atentado a la AMIA– la conducción macrista de la colectividad judía involucró a la colectividad en pleno en una denuncia por traición a la patria contra Cristina Kirchner. En otra presentación, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques acusaron a Cristina Kirchner por todas las contrataciones de obras públicas de Lázaro Báez desde 2003 en adelante. En la misma semana que el Gobierno perdió la puja por las tarifas, se presentaron estas denuncias en los tribunales. Son denuncias viejas, algunas ya han sido desestimadas, otras están dentro de otras causas ya conocidas, pero se las presenta y se las vuelve a presentar y cada vez van a las tapas de los grandes medios, a las voces y las imágenes de los noticieros privados y de los medios públicos en una gran cadena nacional diaria y omnipresente.

Esos medios no han informado del descontento ni de las movilizaciones contra el aumento de las tarifas. Por el contrario, llevaron adelante una campaña a favor de esos aumentos. Han ocultado la denuncia contra la vicepresidenta Gabriela Michetti, cada vez más enredada en sus propias declaraciones por una cantidad de dinero que le robaron y cuyo origen no puede explicar. La derivación de esta causa judicial generó el violento editorial de un periodista del oficialismo contra el colectivo Resistiendo con Aguante, que había difundido la denuncia en las redes. El ataque de ese periodista, involucrado en esas denuncias que no desmintió, fue la invitación para la ola de amenazas que llegó a ese colectivo. En su furioso editorial convocó a su audiencia a actuar contra los responsables de la denuncia, “cuando algunos de estos personajes –decía– fueron protagonistas en los años ‘70 de la utilización del asesinato”. Son palabras que buscan una reacción violenta. “Les vamos a meter bala a todos ustedes hijos de mil putas ¿Quieren desestabilizar? Inténtenlo y vayan preparando los panteones. Ya los tenemos a todos marcados, cagaron”, dice uno de los mensajes que ha comenzado a recibir la gente de Resistiendo con Aguante. Hay otros donde les advierten que los van “a tirar vivos al río”, una amenaza que se emparda con el editorial procesista del periodista y su alusión a los asesinatos de los ‘70 “en nombre del socialismo nacional”.

La imposibilidad de ganar respaldos con políticas de gestión impopulares, lleva a este gobierno a buscar otras vías de consenso. Una de ellas es ensuciar a sus oponentes políticos y otra es la creación de un clima de violencia para difundir el miedo a posibles desmanes y atemorizar al movimiento social. Son situaciones que no se planteaban desde hace muchos años y que fueron erradicadas durante el kirchnerismo. El ataque al otro y el temor al otro son formas de aglutinar.

En los pocos meses que lleva Cambiemos en el gobierno se han producido detenciones arbitrarias como la de Milagro Sala y sus compañeros en Jujuy, tiroteos contra actos políticos en los que resultaron varios heridos, como los disparos a mansalva contra un acto de Nuevo Encuentro en Villa Crespo, los recientes ataques con bombas molotov a locales de La Cámpora o el ataque a palazos y cuchilladas a un grupo de vecinos de La Boca que discutían la cesión de terrenos al club de fútbol. Fueron intrusados los domicilios de la periodista Cynthia García y de Guillermo Moreno, hubo agresiones en la calle contra Martín Sabbatella y Alberto Fernández. En los pocos meses que lleva el gobierno de Cambiemos se ha generado un clima de violencia e intolerancia contra sectores de la oposición como nunca se vivió durante los doce años de gobierno kirchnerista.

No se puede confundir el malestar que han creado las políticas de ajuste, con estas actitudes violentas. Adonde va Macri se encuentra con actos de repudio, muchos de ellos espontáneos y otros organizados por sindicatos o agrupaciones sociales en forma pacífica. El Gobierno trata de mezclar el enojo creado por sus políticas, con la intolerancia incentivada en el macrismo por ellos mismos y por los medios. Los atacantes de Villa Crespo y la Boca fueron todos identificados como simpatizantes macristas y ninguno ha sido encarcelado, igual que los agresores de Sabbatella y Fernández. De las casas de García y Moreno se llevaron archivos y computadoras, dejando el dinero y objetos de valor. De manera similar fue invadido un local de La Alameda, cuyos dirigentes han sido amenazados por elementos de los servicios de inteligencia. Después del acto en Mar del Plata donde denunció pedradas que no se pudieron comprobar, Macri anunció que usará vehículos blindados para trasladarse. Pero no es Macri quien necesita protección, sino una sociedad que es sometida en forma permanente al discurso exasperado y violento del oficialismo y sus voceros en los medios. La realidad empieza a confirmar una regla básica: Las políticas de ajuste siempre están acompañadas con formas de violencia y represión.