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La jueza federal de San Martín Martina Forns se defendió ante las críticas que recibió por parte de la Corte Suprema en el fallo sobre el aumento de la tarifa de luz. Dijo que la decisión del máximo tribunal es de “un retroceso importante” y denunció que a su marido lo echaron de la Inspección General de Justicia después de que ella frenara la suba de la tarifa eléctrica. “Trabaja como abogado del Estado hace 26 años. No le pagaron un peso de indemnización. Estoy más que enojada con el Gobierno por haber echado a mi marido, pero no soy jueza de ayer y jamás voy a mezclar esto con un fallo”, señaló. “Hay un sector que está haciendo una caza de brujas”, denunció.

Forns habló ayer por distintas radios luego de que se conociera el fallo de la Corte que cuestionaba con términos duros su proceder en el caso. Entre otras cosas, le reprocharon que el expediente no pasara por la Cámara correspondiente. La jueza criticó, a su vez, que la Corte haya basado su decisión en la falta de legitimación de las entidades que presentaron las medidas cautelares ante la Justicia de La Plata. Y objetó que el máximo tribunal le endilgara que estaba desprestigiando al Poder Judicial: “Es una cuestión insólita, esto no tiene precedentes en un fallo”. “Hace 37 años que trabajo en el Poder Judicial”, dijo la magistrada. “Es la primera vez que un fallo de la Corte mezcla cuestiones de disciplina con una cuestión jurídica. Es una medida asegurativa, no es vinculante y ni siquiera las partes la habían apelado”. Y también retrucó cuestionando que el máximo tribunal haya reiterado que mantiene en reserva las declaraciones juradas de los ministros. “Hablan de prestigio cuando dijeron que no le va a entregar a (Elisa) Carrió la declaración jurada de bienes, ¿esa es una opinión jurídica?”, señaló.

“Hay todo un sector que está haciendo una caza de brujas”, afirmó también Forns, para quien las críticas de la Corte fueron funcionales al Gobierno y a los medios que reclaman la remoción de los magistrados no alineados con el oficialismo o que tienen simpatía por la agrupación Justicia Legítima. Este movimiento nuclea a jueces, fiscales y empleados judiciales que reniegan de ciertas prácticas de la “familia judicial” y se gestó contra la corporación y con pedidos de transparencia y apertura en los tribunales, pero para criticarlo se lo asoció al kirchnerismo. “Yo nunca negué que soy militante de Justicia Legítima, una asociación civil que trata temas de democratización de la Justicia pero no quiere bajar a ningún presidente”, dijo la jueza.

Sin nombrarlos, la magistrada se refirió a los dos nuevos integrantes del máximo tribunal, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz: “Tenemos una integración de la Corte diferente, han ingresado dos miembros que tienen instrucciones para tratar así a los jueces. Cuando registré la causa en el Registro de Procesos Colectivos la Corte no me hizo ninguna corrección”.