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La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini, se tomó a pecho eso de que la pulseada por la deuda externa “es una causa nacional”. Ayer se presentó ante la Corte Suprema reclamando “se declare la nulidad e inconstitucionalidad de los actos por los que la Nación Argentina, bajo anteriores gobiernos, hizo renuncia a la inmunidad soberana del Estado”, aceptando la competencia de tribunales extranjeros para los reclamos judiciales referidos a la deuda externa. La presentación tendría respaldo en sectores del Ejecutivo que impulsan la idea de poner bajo cuestionamiento el origen de la deuda y lo actuado por los gobiernos anteriores en la materia, desde la dictadura militar hasta las últimas renegociaciones encaradas por la Alianza en el período 2000/2001.
El eje del pedido de nulidad e inconstitucionalidad es que los diferentes actos de contratación y renegociación de la deuda externa concretados a lo largo de casi tres décadas se realizaron sin la intervención del Congreso de la Nación, el único con “competencia constitucional para contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y para proceder al arreglo de su deuda pública”. La presentación cita diversos antecedentes de países que repudiaron su deuda externa; entre ellos, Estados Unidos, que tras la Guerra de Secesión desconoció la deuda contraída por los estados sureños. De allí surgió la Enmienda XIV de su Constitución, que requiere la aprobación del Congreso para contraer empréstitos internacionales.
La oportunidad de la presentación ante los tribunales no es ajena al momento político y al estado actual del debate en torno de la no iniciada negociación con los acreedores privados. Al reclamar que la Corte Suprema se declare competente, los patrocinantes le piden además que solicite a los tribunales del exterior que entienden en causas relacionadas con la deuda argentina que se las remita. Si no lo logra, al menos plantearía un conflicto de jurisdicción.
La presentación toma argumentos ya expuestos en torno de la ilegitimidad con la que se fue incrementando la deuda a través de los últimos gobiernos y cita en particular la investigación realizada por Alejandro Olmos (ya desaparecido), que dio pie a una causa judicial en la cual el magistrado Jorge Ballestero consideró probados los ilícitos denunciados. La iniciativa le imputa al gobierno de Carlos Menem haber aplicado políticas que, “además de incrementar desmesuradamente la deuda externa argentina, dieron por tierra con las doctrinas Calvo y Drago, poniendo a disposición de los acreedores el patrimonio público”.
En su presentación –patrocinada por los abogados Eduardo Barcesat y Roberto Boico–, Hebe de Bonafini reclama a la Corte que solicite el expediente de dicha causa, los contratos de renegociación y la nómina de los juicios referidos a la deuda por los que el Estado ha sido acusado en el exterior. Además, solicita que se cite a declarar al procurador general del Tesoro, Horacio Rosati, y al defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. Ambos, con diferente énfasis, han hecho referencias en tono crítico al origen de la deuda.
De cara al interés de algunos sectores del kirchnerismo, que entienden imprescindible politizar el debate sobre la deuda, la presentación judicial podría resultar sumamente funcional. “El Gobierno no se puede presentar demandando la nulidad de lo actuado por el propio gobierno, porque hay una continuidad jurídica aunque se trate de distintas gestiones”, interpretó un funcionario que simpatiza con la presentación de Bonafini. “Ahora, si la Corte habilita la presentación de Hebe, se dinamiza una revisión de lo actuado a la que el propio Gobierno puede sumarse cuando es citado a declarar”, agregó.
Pero no todos opinan en el mismo sentido en las filas oficialistas. Sin embargo, aun para quienes privilegian la negociación en términos amigables, la apertura de una causa que habilite el cuestionamiento del origen de la deuda puede aportarle una buena herramienta de presión. Incluso en la propia Corte, se presume, las opiniones estarán divididas entre quienes aceptarán el desafío y quienes traten de preservarse eludiendo un tema sumamente espinoso. El primer obstáculo a superar por los denunciantes es que Hebe sea aceptada como “parte”. El segundo paso, ya como una señal clara de la intención de avanzar en la causa, sería que el tribunal disponga las medidas previas reclamadas por la actora, incluida la citación a Rosati. A partir de allí se estaría abriendo otro capítulo en el tema de la deuda que, por ahora, sólo figura en el cálculo de unos pocos.