[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La Defensoría del Pueblo de la Nación, a cargo de Eduardo Mondino, analizó ayer junto a funcionarias del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial si la renegociación de los contratos se ajusta al marco legal vigente. Tanto el ombudsman como los delegados de los organismos multilaterales habrían coincidido en respetar el mandato legal de organizar audiencias públicas para debatir cada cambio.
El encuentro fue, para el Banco Mundial, sólo un punto en la agenda de rutina de la entidad, que hace el seguimiento de los temas locales que considera importantes, entre los cuales se encuentran los servicios públicos y la revisión contractual en marcha. Pero el Banco, que a través de la Corporación Financiera Internacional es socio de varias empresas privatizadas, se niega a fijar posición sobre el tema hasta tanto defina la estrategia para abordar todas las cuestiones pendientes con Argentina.
Según informó el ombudsman después del cónclave con Katharine Christopherson (Fondo), Vivian Foster y Yanina Budkin (BM), la Defensoría advirtió que cualquier modificación en los contratos debe ser evaluada a través del mecanismo de audiencia pública, algo que Economía y Planificación prometieron hacer, aunque eligiendo en cada caso el procedimiento que le resulte más apropiado. De acuerdo con lo expresado por el propio Mondino, la delegación visitante habría puesto énfasis en la necesidad de que la renegociación se haga preservando la seguridad jurídica, lo que, en este caso, significaría convocar a esas audiencias.
Al margen de esa pauta general, la Defensoría nacional también puso la mira en los recientes decretos que modifican algunas condiciones de la privatización del gas y advirtió que dará a conocer su posición en las audiencias públicas previstas para analizar el tema. Según señaló ayer en un comunicado, el ombudsman también reclama la fijación de una tarifa social, la posibilidad de que la concesión de Aguas Argentinas se fragmente en varias partes y de que se fije una tarifa social en todos los servicios públicos.
Mondino va más allá y reclama también que el Gobierno revise el criterio de que existan cargos fijos en las distintas prestaciones y, básicamente, la carga impositiva que pesa sobre las tarifas. Un reclamo éste que también formulan las empresas adjudicatarias.