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La reunión del Comité Global de Tenedores de Bonos de Argentina (Global Committee of Argentina Bonholders, GCAB), entidad que dice representar a titulares de deuda en default por 37 mil millones de dólares, no tuvo el efecto publicitario esperado. La estrategia de trasladarse a Estados Unidos, donde esperaban sumarse a la ola de presiones judiciales desatada, no parece haber dado mayores resultados. Más allá de la repetición de los eufemismos inaugurados por el FMI, como la demanda de que el gobierno argentino “se siente a negociar de buena fe”, la reunión terminó con un solitario llamado a que el Ministerio de Economía se decida a reconocerlos como interlocutores.
Sin embargo, no todas fueron pérdidas. El gobierno argentino, que desde un principio había desconocido a la entidad acusándola de falta de representatividad, envió esta vez un delegado. El representante financiero en Washington, Federico Molina, se tomó un avión a Nueva York y participó del encuentro. Su carácter fue de “observador”. El copresidente de la entidad, Nicola Stock, un banquero italiano jubilado reciclado por la Asociación Bancaria de su país, pretendía que ese lugar sea ocupado por el ministro Roberto Lavagna, a quien le cursaron invitación.
“Aunque agradecemos al Gobierno que enviase a Molina, ello no representa un esfuerzo de buena fe de parte de Argentina en las negociaciones con un comité representativo de los acreedores de la Nación”, se quejó Stock al término del encuentro. El ex banquero, que encabeza el grupo junto a Hans Humes, lamentó que Roberto Lavagna rechazase el convite.
La reunión, explicó, tuvo un carácter informal y no hubo negociación ni oferta alguna: “No podemos hacer propuestas si el Gobierno no piensa en nosotros. ¿Qué propuestas podemos hacer si no somos contraparte?”. Tras fracasar con Lavagna, Stock cifra sus esperanzas en un gesto del presidente Néstor Kirchner, de quien espera que reconozca “que se trata de un comité altamente representativo”.
Los temas tratados en la reunión por los miembros del Comité fueron la ratificación de no inscribirse en el registro de tenedores abierto por el Palacio de Hacienda –dijeron que lo harán ante las autoridades estadounidenses– y la eventual presentación de una contraoferta, en donde la quita rondaría el 60 por ciento.
En una carta dirigida al GCAB a finales de enero, Lavagna los acusó de “hacer negocios en perjuicio de inversores que cuentan con menor información” y recordó que la reestructuración se hará “con trato igualitario, transparencia completa y diálogo constructivo en el realismo de la situación argentina”. Consultado ayer en Buenos Aires, el ministro minimizó la importancia del encuentro y dijo que prefería “hablar de temas importantes para el país”, porque “hay temas que ya son aburridos”. No obstante, aludiendo a la invitación a conocer la realidad social argentina incluida en la carta enviada, contó que “un grupo” de tenedores de bonos “dijo que con gusto vendrá” a conocer la realidad del país.