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María Luisa Cárdenas de Infante es una de las antiguas juezas del Crimen de Santiago del Estero. Hasta diciembre de 2001 formaba parte de la estructura judicial denunciada como brazo judicial del juarismo. Fue expulsada del fuero por las derivaciones de una investigación en la que se topó con uno de los empresarios protegidos por el gobierno. Pero en esta entrevista, la ex jueza santiagueña por primera vez lanza un dato objetivo sobre una de las cuentas pendientes más pesadas del gobierno de los Juárez: la muerte del obispo Gerardo Sueldo. “A mí me ordenaron que cerrara la causa”, le dijo la ex funcionaria del Poder Judicial a Página/12 horas después de que el Ministerio de Justicia de la Nación, a través de sus delegados en Santiago del Estero, decidiera pedir los expedientes del caso para empujar la reapertura de la investigación. Ella está dispuesta a repetir el testimonio frente a la Justicia.
–A mí me tocó investigar esa causa —dice—. Ha sido una de las que más me costó investigar, por varios motivos. Primero porque era una persona que había adoptado una postura crítica total hacia el gobierno de Juárez. Denunciaba la falta de independencia del Poder Judicial, sobre todo las posturas que el gobierno adoptada en algunas causas.
–No era una causa común.
–Yo traté de que lo fuera. No obstante, no pude hacerlo, en especial por el interés especial que había demostrado el presidente del Tribunal Superior, Nicolás Kozameh. Según ellos, recibían órdenes de que se pusiera especial atención a este tema.
–¿Especial atención para qué?
–Especial atención para que no se investigara, no para ayudarme a investigar. Pedí fondos, instrumentos... Pero no me los daban.
El obispo murió en un supuesto accidente automovilístico, sobre la ruta provincial 9, a la altura de la ciudad de Las Termas, el viernes 4 de setiembre de 1998. Volvía de la ciudad de Salta con dos sacerdotes: Marcelo Trejo, un cura que de acuerdo a las denuncias de los familiares de Sueldo habría sido silenciado y trasladado fuera del país. Y el canciller del Obispado Jorge Ramírez, un hombre que aún sigue vinculado al Obispado.
El día de la muerte, Cárdenas de Infante recibió en su casa un llamado de la policía a las cinco y media de la mañana con la novedad. Llegó veinte minutos más tarde al cruce de la ruta donde estaba el auto volcado, el canciller Ramírez y un puñado de personas extrañas:
–A la madrugada no se divisaban grandes cosas. Además del auto volcado con un aparente accidente, a mí me extrañó la presencia de gente de seguridad, de inteligencia. ¡En un accidente!
–¿Quiénes estaban?
–Personal de Seguridad. Seguridad dependía en ese momento de D’Amico y de Musa Azar. Como no eran los policías con los que trabajábamos siempre, los identifiqué muy fácilmente. Me extrañó que estuviesen en un accidente porque normalmente no lo hacían. Lo tomé como que, bueno, era el obispo el que estaba en ese lugar. Pero después no sé, pienso que es extraño.
Monseñor Sueldo ya no estaba ahí. Lo habían trasladado al Sanatorio San Francisco, donde una hora más tarde se moría. Cárdenas de Infante ordenó algunos exámenes en el hospital.
–El obispo no tenía nada –dice–: no tenía un rasguño, lo único que tenía era un pequeño hundimiento en la frente. Las pericias que se hicieron determinaron que habría sido el auto que lo golpeó.
–¿Hicieron pericias?
–Una sola pericia. Y se hizo porque yo la pagué. Puse la plata de mi bolsillo porque no me daban fondos. Era la pericia accidentológica, pregunté en Santiago quién era el mejor profesional.
–Para usted, ¿cuál fue la causa de la muerte?
–Los médicos determinaron que fue un derrame lento dentro de su cabeza.
–¿Había testigos?
–Los únicos testigos de los que pudimos recibir declaraciones fueron los sacerdotes que viajaron con él. Trejo ahora está fuera de Santiago del Estero y Ramírez, que era el secretario del Obispado.
El accidente, los antecedentes de Sueldo, el contexto de la provincia y la existencia de sólo dos testigos anclados dentro de la estructura de una Iglesia atravesada en ese momento por distintas internas fueron los elementos que despertaron las primeras sospechas, entre los santiagueños, de que la muerte era el resultado de un atentado político. Los dos testigos hablaron con la jueza:
–Pero Ramírez venía durmiendo detrás, dijo. No sabía ni qué pasó. Trejo, en cambio, me relató que habían visto algo en la ruta que los obligó a hacer una maniobra brusca con el volante. Y que por eso fueron hacia la alcantarilla, donde terminaron chocando.
–Entre las hipótesis que estuvieron dando vueltas se mencionó una que indica que les habrían cruzado o les habrían tirado animales.
–Esa es una tesis que se nos planteó en el mismo momento del accidente. Mencionaban una tropilla de caballos; en realidad había excrementos de caballos cerca. Pero toda esa zona es así, de pronto nosotros no podíamos largarnos inmediatamente con eso.
–¿Qué hizo?
–Obsesiva como era, no quería que se me escapara nada: hablaban de los caballos, de un atentado. Estuve en el sanatorio y nunca me guié de la policía, porque desgraciadamente estaba muy predispuesta a hacer lo que les ordenaban sus jefes. Y no precisamente el juez.
–¿Su equipo de policía les respondía a D’Amico y a Musa Azar?
–Yo no tenía policías para la investigación. En Tribunales, sobre todo, cada vez que le pedía algo al presidente me respondía con un “vamos a ver”. Yo le pagué el perito, si no, no hubiese podido ni siquiera tener esa pericia, que es lo único que hay.
–¿Por qué no se hizo la autopsia?
–Instruí la causa con los pocos elementos que teníamos. Los funcionarios de la Iglesia se opusieron en su momento a la autopsia. Hay una constancia en el expediente que lo indica.
–Podría haberla pedido igual.
–Podía haber pasado por sobre ellos pero había ya tanto lío: nos corrieron del velorio, del entierro, y era natural. Pero en cuanto a la investigación no pudimos avanzar: hay cosas que quedaron pendientes.
–¿Por ejemplo?
–Verificar testimonios. Pero, además, frente a las versiones de los caballos: jamás pude investigarlas porque no tenía ni un policía para buscar testigos, para buscar a alguien. Porque alguien siempre ve. No se pudo hacer. No me dieron los medios, no me dieron bolilla. Incluso me decían: “Bueno doctora, termínela con eso”. Recibí reprimendas por querer investigar.
–¿Qué reprimendas?
–El presidente del Tribunal siempre me tuvo respeto. En cualquier otra causa, si necesitaba un fotógrafo me lo daban. Si necesitaba un tipo de pruebas, me lo daban. Y a mí me extrañó que en este caso no. Varias veces fui a decirle expresamente: mire quién es que ha muerto. Yo era la jueza, por lo tanto no quería aparecer no haciendo nada. Y le dije: “Porque son ustedes los que no me lo dan”.
–Y cerró la causa.
–Le hice un informe al Tribunal Superior dejando asentadas las fallas que tuve y los inconvenientes que tuve. La respuesta siempre era: “Ya está, doctora, ya está. Sabemos quién es el que ha muerto”. Esa era la reprimenda: ciérrela, termínela con esa causa.
–¿De dónde venía la orden?
–A mí me lo decía Kozameh, el presidente del Tribunal Superior, supuestamente por orden del ministro de Gobierno. Aunque había una presunción de que no había sido accidente normal.
–¿Elementos objetivos?
–No teníamos elementos a analizar, salvo el auto. Al cerrar la causa, dejé constancia de que por un motivo que no se pudo establecer él perdió el control del rodado.
Cárdenas de Infante sabía que se trataba de una causa de “interés especial”. Por eso, asegura, el presidente del Tribunal Superior se comunicaba con ella. Los jueces sabían los códigos: “Ese interés lo sobreentendíamos como interés de enfrente, por la Casa de Gobierno, que está enfrente del tribunal”. Dejó de ser jueza cuando investigaba a un antiguo socio económico de Juárez que en ese momento estaba enfrentado al caudillo. Cuando la jueza encontró las pruebas para procesarlo, aquella enemistad había cesado. Y ella se trasformó en acusada.