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Expirado el plazo informal que el Gobierno planteó como límite para firmar con Aguas Argentinas un acta acuerdo que permita eludir la rescisión del contrato, las partes ni siquiera pudieron concretar una reunión para acercar posiciones. Hasta anoche la empresa seguía firme en su posición de suspender parcial y provisoriamente su reclamo ante el Ciadi, un gesto que el Gobierno considera auspicioso pero claramente insuficiente. Para el ministro de Planificación, Julio De Vido, sigue siendo de vital importancia política que la concesionaria dé marcha atrás definitivamente con su multimillonario pedido indemnizatorio para avanzar en cualquier otra condición.
Cuando los directivos de Suez, la principal accionista, visitaron Buenos Aires y se entrevistaron con la máxima jerarquía del Gobierno, esa firma gala aseguró mediante un comunicado su voluntad de considerar todos los puntos contenidos en un acta acuerdo, incluida la posibilidad de suspender hasta fin de año el análisis en los tribunales arbitrales del Ciadi de la denominada “cuestión de fondo”: frente a los árbitros bancomundialistas, los accionistas de Aguas pidieron un resarcimiento de 1700 millones de dólares por el perjuicio que le habría ocasionado el congelamiento tarifario dispuesto tras la devaluación.
Pero seguiría su curso normal la evaluación de si esa decisión vulneró o no un acuerdo internacional de inversiones y, por lo tanto, si el tema debe analizarse en esa jurisdicción o no. Algo que, de cualquier modo, duraría hasta fin de año.
Aunque después de aquellos encuentros ambas partes sugirieron que había un acercamiento, éste en realidad quedó supeditado a que la empresa dé garantías de que levantará definitivamente el reclamo indemnizatorio. Aguas Argentinas asegura que aceptaría los otros puntos del acta acuerdo, que incluyen realizar este año inversiones de algo más de 242 millones de pesos –de los cuales 90 surgen de un fondo fiduciario integrado con un cargo sobre la tarifa– y no modificar los precios en el transcurso del año, entre otras condiciones admitidas.
Pero, por ahora, incluso estas afirmaciones son promesas no plasmadas en ningún papel, por lo que el futuro de este contrato queda en ascuas. Según aseguraron a Página/12 fuentes oficiales, no puede cantarse victoria hasta que cada una de las condiciones del acta esté formalmente rubricada, empezando por la de desistir del reclamo ante el tribunal arbitral.
Desde la empresa, sugieren que Suez difícilmente pueda tomar una determinación de este tipo sola cuando hay otras empresas que tienen reclamos en aquel tribunal contra el Estado argentino por idénticas razones y ni sueñan con dar marcha atrás hasta firmar, no ya un acta provisoria como la que le exige el Gobierno, sino un nuevo contrato que dé un marco definitivo a sus concesiones. Los administradores privados, además, consideran arriesgado desmantelar aquel tribunal que les costó un tiempo y esfuerzo constituir sin tener certeza absoluta de que el gobierno local, invocando algunos de sus múltiples cumplimientos contractuales, finalmente decida dar por caída la privatización.
Salvo en ese crítico punto, las partes parecen coincidir en todo lo demás. No sólo en las exigencias de aquella acta que el Gobierno plantea como condición para empezar a discutir un nuevo contrato para el año próximo. También en el posible esquema que asumiría esa renovada concesión: gerenciamiento y mantenimiento de la red para los privados y la estratégica expansión del servicio a cargo del Estado. El tema está en manos de la Unidad de Renegociación donde nada se ha movido últimamente. En los propios despachos oficiales admiten que por estos días las energías negociadoras del Gobierno están centradas en resolver el problema de la deuda.