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“Ahora vienen dos batallas grandes, una con los bonistas y otra en la definición del superávit para 2005 y 2006”, reveló ayer Roberto Lavagna. Y adelantó que “las vamos a dar con seriedad, sin comprometernos a pagar lo que no podemos”. Por su parte, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, ratificó ayer que el Gobierno considera que en la segunda semana de marzo “se espera que vengan a Argentina cada uno de los comités de acreedores para dialogar”. Pero aseguró que la quita del 75 por ciento “no está en discusión”. El Comité Global de Bonistas, el grupo de acreedores más crítico de la propuesta oficial y por el que más lobby hizo el Fondo Monetario, anunció que aceptaba la invitación y estará en Buenos Aires en abril. Sin embargo, su presidente, el ex banquero italiano Nicola Stock, advirtió que “en el caso de que el gobierno argentino reitere la propuesta de Dubai (que incluye la poda del 75 por ciento) no se podrá discutir mucho”.
Desde la localidad santafesina de Rafaela, donde visitó hoy dos fábricas autopartistas, Lavagna no se anduvo con vueltas. El ministro de Economía anticipó que, además de la negociación con los bonistas, la otra “batalla grande” en el horizonte es la discusión con el FMI por las metas de superávit fiscal para 2005 y 2006, la cual deberá encararse en septiembre próximo. “Muchos hablan de nuestra buena fe a la hora de negociar, pero tanto en el derecho romano como en el germánico la regla número uno de la buena fe es no prometer lo que no se puede cumplir y cumplir lo que se promete”, argumentó Lavagna.
Interrogado por la prensa local acerca de la voluntad de algunos sectores del Gobierno de debatir la legitimidad de origen de la deuda, el jefe del Palacio de Hacienda respondió que “hay que diferenciar lo político de las realidades jurídicas” e indicó que “los países como los organismos tienen continuidad en sus obligaciones y en el caso puntual de la Argentina, más allá de lo que podamos pensar, todo lo que se firmó se firmó de acuerdo a una legislación que es válida en todo el mundo”.
A poco de conocerse el acuerdo con el FMI, Alberto Fernández había dicho que ahora era tiempo de “perfeccionar” la propuesta. Esa declaración fue interpretada en algunos círculos financieros como una señal de que el Gobierno empezaba a flexibilizar su posición y estaba dispuesto a otorgar algunas concesiones a los acreedores privados. De hecho, desde el propio Ministerio de Economía se habló de la posibilidad de conceder en todos los nuevos bonos un “plus” atado al crecimiento de la economía. Se barajó, además, la propuesta de otorgar una garantía adicional, lo cual valorizaría aún más los nuevos papeles. En cambio, el ministro no es partidario de ofrecer un pago inicial en efectivo a los acreedores, como gesto de buena voluntad, una idea que le acercaron algunos de sus colaboradores.
Sea como fuere, el jefe de Gabinete se preocupó por aclarar ayer que “perfeccionar la propuesta consiste en precisar qué tipo de bonos se van a dar y qué utilidades van a rendir estos bonos: todavía los acreedores no conocen cuál es el portfolio de alternativas que la Argentina va a ofrecer como nueva deuda”, señaló. En tanto, repitió una y otra vez que “la quita, Argentina ya la expresó y de eso no va a salir”.
El Gobierno tiene detectados 21 grupos de acreedores, a los cuales pretende dar “tratamiento equilibrado”. Pero la primera respuesta a la invitación de iniciar negociaciones en Buenos Aires llegó ayer del lugar menos pensado: el Comité Global de Bonistas, el grupo acreedor al que el Gobierno rechazó dar un tratamiento privilegiado, como exigía el FMI.
Su titular, Nicola Stock, quien dice representar a inversores con bonos por 37 mil millones de dólares, dijo a la agencia italiana ANSA que viajará a Buenos Aires en abril luego de las nuevas invitaciones que cursó el Gobierno, pese a que había rechazado el convite anterior, cuando Roberto Lavagna desafió a los bonistas a “venir a ver de cerca la realidad del país”.
No obstante, Stock advirtió que “en el caso de que el gobierno argentino reitere la propuesta de Dubai no se podrá discutir mucho”. Y volvió a reclamar que el Estado argentino acepte cubrir parte de los intereses caídos desde que se declaró la cesación de pagos, lo cual ya fue descartado por Lavagna en más de una oportunidad. Los intereses devengados desde la declaración del default ascienden a 18 mil millones de dólares.