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En un intento desesperado por evitar lo inevitable, Eduardo Duhalde envió una carta a George W. Bush para solicitarle que la Federal Aviation Administration no rebaje de categoría a las estaciones aéreas argentinas por falta de seguridad. Pero difícilmente el pedido del Gobierno logre revertir la decisión ya tomada por la FAA, al comunicar formalmente el 10 de abril que amenaza el negocio de las compañías aéreas locales. Ante esa probabilidad, Aeropuertos Argentina 2000 aclaró mediante un comunicado que las deficiencias de seguridad no son imputables al concesionario.
Por un acuerdo bilateral la FAA puede verificar el estado de estaciones argentinas sobre los parámetros de la Organización Internacional de la Aviación Civil. Luego de los atentados del 11 de setiembre, los norteamericanos lanzaron inspecciones a todo el mundo para constatar si son confiables los chequeos técnicos que se realizan antes de la partida de cada vuelo y otros aspectos de la seguridad aeroportuaria.
La misión estadounidense llegó a Buenos Aires en febrero y rápidamente llegó a conclusiones contundentes: el país tiene pocos y mal entrenados inspectores, además de otras falencias como la permanente interferencias de radios FM que transforman en aparatos inútiles los ILS de que disponen los aviones para aterrizar.
La seguridad es competencia exclusiva de la Fuerza Aérea Argentina, cuyo personal es también responsable de la regulación del tráfico aéreo. La época de oro en la que los uniformados locales inspeccionaban otras estaciones de Latinoamérica y asistían técnicamente al personal de esos países parece haber quedado definitivamente atrás. Más bien, las estrecheces presupuestarias, entre otras razones, hicieron que hasta falte personal en áreas muy sensibles.
Que el bloque de los aeropuertos pase de categoría 1 a 2 resulta poco ventajoso para el país. Los aviones norteamericanos podrán aterrizar sin problemas en suelo argentino, pero no será igualmente sencillo para los locales. Las aerolíneas argentinas no podrán aumentar sus frecuencias a los Estados Unidos ni utilizar nuevas aeronaves, a menos que éstas sean matriculadas en otros países que sí tengan la categoría que se está a punto de abandonar (Brasil o Chile, por ejemplo). Del mismo modo, Argentina no podrá habilitar nuevos tripulantes: a semejanza de las aeronaves, éstos también deberían matricularse en el exterior.
Apenas quedó en claro que los inspectores de la FAA rebajarían la nota al país, el secretario de Transporte, Guillermo López del Punta, envió una nota a su par norteamericano, Norman Mineta, pidiéndole un plazo de 60 días para revertir esa decisión. De inmediato, Duhalde envió a Bush otra misiva de respaldo a ese reclamo. Y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, le habría pedido una gestión de este tenor al embajador argentino en Washington, Diego Guelar.
El conflicto de los colectiveros (ver nota aparte) obligó a López del Punta a postergar un viaje a Washington, originalmente previsto para hoy, que podría incluir una entrevista con Mineta. Idénticos planes tienen el incondicional duhaldista Osvaldo Caporal, titular del organismo regulador de los aeropuertos y el ministro de Turismo, Daniel Scioli, quien disputa a Del Punta el manejo del tema aerocomercial.
Justamente una de las dificultades del gobierno duhaldista para definir una política en este sentido es la disputa interna que están librando sus funcionarios con potestad en la materia. Uno es Del Punta, dependiente del ministerio de la Producción, quien reclama para sí una competencia que siempre tuvo la secretaría ahora a su cargo. Scioli, a su vez, exige que se cumpla un decreto del Presidente que le confiere autoridad sobre todas aquellas cuestiones aerocomerciales que tengan que ver con el turismo, el deporte y la recreación.