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Desde Cariló

Quizás para mostrarse hiperactivo, o con la intención de fijar la agenda del fin de semana y del inicio de la próxima, Roberto Lavagna tuvo la original idea de convocar a conferencia de prensa en su lugar habitual de descanso, un Viernes Santo, para anunciar una compleja batería de medidas que pretenden alentar las inversiones y consolidar la marcha ascendente de la economía. “En términos de crecimiento y empleo, la inversión es un factor absolutamente central del plan económico”, definió, aludiendo a un plan que la oposición, principalmente de derecha, lo acusa de carecer. Pero el ministro prefiere mostrar su estrategia paso a paso, repudiando el calificativo de “paquete” para su conjunto de medidas. Ayer centró sus anuncios en una serie de reformas impositivas que alentarán la inversión en maquinaria e infraestructura mediante la devolución anticipada del IVA o deducciones adelantadas (amortización acelerada) en el impuesto a las Ganancias. La prioridad estará puesta en la infraestructura energética, donde ya hay dos grandes grupos nacionales (Techint y Pescarmona) que tienen proyectos que son candidatos por adelantado a ser beneficiarios.
No sólo por el entorno –un lujoso hotel a escasos metros del mar, con ventanales que permitían ver los médanos de fondo–, Lavagna parecía estar hablando desde una realidad distinta de las preocupaciones que hoy aquejan al Gobierno en su conjunto, ya sea por internas partidarias, culpas cruzadas por la responsabilidad en la inseguridad o por una amenaza de crisis energética para dentro de pocas semanas. “A partir de datos actualizados sobre inversión y crecimiento, que muestran un incremento del stock de capital (inversión neta positiva) por tercer trimestre consecutivo y un aumento anual del PIB del 10 por ciento en el primer trimestre de este año, consideramos con el Presidente que era un buen momento para un análisis en profundidad de medidas de aliento a la inversión”, describió desde un optimismo envidiable.
El proyecto de ley consensuado con Néstor Kirchner contempla beneficios impositivos para la compra de bienes de capital (nacionales e importados, excluidos los automóviles) y de inversiones en infraestructura (excluidas las imputables a la obra civil). El IVA pagado en esas inversiones podrá ser capturado inmediatamente por el contribuyente –en vez de ser descontado como crédito fiscal en cinco años– mediante su acreditación como pago a cuenta de otros impuestos o requiriendo su devolución por el fisco en tres meses. Para acordar este beneficio se dispondrá de un cupo anual de 700 millones de pesos (el régimen estará vigente por tres años), privilegiando proyectos de exportación que ocupen mano de obra o incorporen tecnología.
Alternativamente, las empresas podrán optar por el beneficio de una amortización impositiva acelerada de sus inversiones. Es decir, podrán deducir de sus balances impositivos –pagando menos impuesto a las ganancias– en menos años y anticipadamente el costo de la inversión. Las inversiones que se hagan en el primer año de vigencia del régimen recibirán un beneficio mayor que las realizadas en el segundo y tercero. El cupo fiscal para este beneficio es de 300 millones de pesos, pero sólo para la inversión en bienes de capital –para infraestructura no habrá límite–, y se privilegiarán los emprendimientos energéticos. En forma explícita, Lavagna señaló el gasoducto desde Bolivia proyectado por Techint y la represa hidroeléctrica que Pescarmona quiere construir en Santa Cruz como inversiones con claras chances de acceder al beneficio.
Junto al resto de medidas anunciadas ayer –ver aparte en esta misma página–, Lavagna estimó que el costo fiscal total asciende a unos 1000 millones de pesos neto de la recaudación adicional del impuesto a los cigarrillos (750 millones) y los ingresos extra por contribuciones patronales (667 millones). Las transferencias al sector privado se distribuirían en unos 1055 millones por devolución de IVA, 375 millones por amortización acelerada y 1000 millones por rebaja en el impuesto al cheque (siempre en cifras anualizadas).
Lavagna aludió en dos momentos de la conferencia de prensa a los gobiernos provinciales. Una vez, cuando las “invitó” a que a nivel local apoyen los proyectos de inversión con los 750 millones que recibirán por su coparticipación en el impuesto adicional a los cigarrillos. La otra, cuando recordó que la propuesta de coparticipación federal contempla un fondo de 2400 millones de pesos para obras públicas y seguridad, previstas para el Noroeste, Noreste y conurbano bonaerense. La Jefatura de Gabinete, informó, citará la próxima semana a los gobernadores para intentar acercarse a un acuerdo por ahora lejano.