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El Gobierno confirmó que estudia un aumento de las jubilaciones mínimas. Así lo dijeron ayer el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el titular de la Anses, Sergio Massa. Ninguno de los funcionarios, sin embargo, quiso ir más allá: rechazaron hablar de montos y plazos, aunque trascendió que la suba sería de 20 pesos, llevando los haberes mínimos de los actuales 240 a 260 pesos. La cartera laboral, además, recomienda regularizar la situación de las jubilaciones otorgadas antes de 1994, que permanecen congeladas a pesar de que la anterior ley previsional (la 18.037) establecía mecanismos de movilidad. Eso dio lugar a miles de juicios, que el Estado perdió y pierde sistemáticamente. Néstor Kirchner tomará la decisión final sobre todos estos temas, aunque eso sería recién después de varias semanas de análisis.
El Gobierno buscó adelantarse al debate sobre el destino que le dará al fuerte superávit fiscal deslizando que producirá un incremento de las jubilaciones mínimas. Es mucho menos de lo que aspiran los jubilados desde hace casi una década, con su reclamo de un piso de haberes de 450 pesos, que quedó todavía más justificado con la escalada inflacionaria que siguió a la devaluación. Pero la presión del FMI y del Grupo de los Siete para evitar ese tipo de medidas le pone límites a la respuesta oficial.
“Estamos empezando el análisis para ver, en las cuentas públicas, de hacer un nuevo ajuste de las jubilaciones mínimas”, expresó textualmente Lavagna. Fernández y Massa dijeron lo mismo, aunque se permitieron ser un poco más directos.
El que prefirió correrse del tema, al menos públicamente, fue el secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte Grand, quien canceló a último momento su visita al Congreso. Los diputados de la Comisión de Previsión lo aguardaban ansiosos para conocer de su boca información oficial sobre las intenciones del Gobierno en materia previsional. En particular, los planes sobre aumentos de remuneraciones y sobre la reforma del sistema. El funcionario alegó que su esposa sería sometida a la misma hora a una operación de várices. Sin embargo, también reconoció que la intervención quirúrgica estaba programada desde hacía tiempo y, a pesar de ello, había aceptado previamente la invitación de los legisladores. Así lo explicó el presidente de la comisión, el justicialista Angel Baltuzzi.
En lugar de Conte Grand asistió uno de sus asesores, Walter Arregui, quien transmitió un mensaje enviado por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. El titular de la cartera laboral invitó a toda la comisión a su ministerio para dentro de quince días, para discutir la cuestión previsional a “agenda abierta”. Además, Arregui dijo que Tomada le había pedido que informara que todos los ministros del gabinete ya firmaron el decreto de necesidad y urgencia que eleva el tope para los aportes a la seguridad social de los sueldos más altos. Néstor Kirchner completará el trámite cuando sea dado de alta y regrese a Buenos Aires. La diputada María América González, quien promovió esa medida durante años, se quejó duramente de que haya salido por decreto, en lugar de pasar por el Congreso.