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El juez Jorge Ballestero decidió elevar a juicio oral la causa en la que los represores Juan Antonio Del Cerro (“Colores”) y Julio Simón (“El Turco Julián”) están presos por la sustracción de Claudia Victoria Poblete, ocurrida en 1978. Los ex policías también están acusados del secuestro y desaparición de los padres de la joven pero, ante la demora de la Corte Suprema en expedirse sobre la validez de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, el magistrado tuvo que partir el caso en dos.
Claudia Poblete fue secuestrada junto a su madre, Gertrudis Hlaczik, el 28 de noviembre de 1978, cuando tenía ocho meses. El padre de la niña, José Liborio Poblete, desapareció el mismo día.
José era un técnico tornero chileno que perdió sus piernas en un accidente siete años antes de su desaparición y formó en 1971 el Frente de Lisiados Peronistas (FLP). El juez Gabriel Cavallo estableció que, luego de haber estado unos días en el centro clandestino El Olimpo junto con sus padres, Claudia fue apropiada por el teniente coronel Ceferino Landa y su mujer, Mercedes Beatriz Moreira, matrimonio que ya fue condenado por este hecho.
Al profundizar en la investigación, Cavallo encontró, en base a los testimonios de los sobrevivientes de El Olimpo, que tanto Colores como el Turco Julián habían sido señalados por Gertrudis Hlaczik como sus secuestradores. El juez –ahora camarista– decidió no sólo acusarlos por el secuestro de la niña, sino también por la desaparición de sus padres. En el fallo con el que declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida destacó especialmente la contradicción que encierra esta segunda norma, ya que los represores secuestraron “en un mismo acto” a Gertrudis y Claudia, pero la ley sancionada el 5 de mayo de 1987 se debía aplicar respecto a la hija y no a la madre.
Ballestero, que quedó a cargo de la causa luego del ascenso de Cavallo, coincidió con la postura de su antecesor. Pero el caso comenzó a dilatarse debido a que estaba atado a la confirmación de la resolución que declaró inválidas las leyes de impunidad. Más de tres años después, el máximo tribunal aún no se expidió sobre el tema (ver aparte) y como los acusados están detenidos, el juez, a fin de no demorar un arresto sin condena, resolvió ayer elevar a juicio el hecho por el que está en condiciones de tomar esa medida. Así, Colores y El Turco Julián serán juzgados por un tribunal oral por la sustracción de Claudia y luego –si la Corte como es de esperar termina convalidando la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida– volverán a ser sometidos a otro proceso.
Antes de que el caso llegue a juicio, los fiscales, las defensas y las querellas (Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS) deberán dar su opinión acerca del cierre de la etapa de instrucción. Es previsible que Del Cerro reclame nuevamente medidas que ya le fueron negadas. Entre otras cosas, el represor intentó impugnar el análisis de ADN que comprobó la identidad de Claudia Poblete y reclamó que la Policía Federal lo releve del secreto para poder testimoniar. El entonces jefe de la fuerza, Roberto Giacomino se negó con un eufemismo. Dijo que esa medida “no estaba prevista”. El juez, de todas formas, le explicó al acusado que podía declarar cuanto quisiera ya que se lo garantizaba su derecho a la defensa. Hasta ahora el represor no pidió ampliar su testimonio. En el juicio oral tendrá una nueva oportunidad de hablar.