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“Si el Presidente denuncia que lo están extorsionando, la Justicia tiene que investigar.” Con esa lógica, ocho asociaciones de consumidores presentaron ayer una denuncia penal contra Repsol-YPF y las demás productoras de gas. Lo mismo hizo el diputado Mario Cafiero (ARI disidente), quien además del delito de extorsión, acusó a las empresas de coacción agravada. El legislador solicitó, al mismo tiempo, una medida cautelar para suspender la audiencia pública en la que se trató el acuerdo entre el Gobierno y las gasíferas para aumentar el precio del gas en boca de pozo. Las acusaciones recayeron en los juzgados federales de Juan José Galeano y de Jorge Ballestero, respectivamente.
Las declaraciones de Néstor Kir-chner en Nueva York referidas a las petroleras provocaron un cimbronazo en ambientes empresarios y políticos. Las principales asociaciones de consumidores reaccionaron de inmediato, calificando los hechos denunciados por el jefe de Estado como de “extrema gravedad”. “Nos quisieron extorsionar diciéndonos ‘dennos precio y nosotros les damos volumen’ de combustible”, había dicho el Presidente en una charla compartida con el economista Paul Krugman. Kir- chner ayer siguió con el tema: “Las petroleras tienen que entender que la Argentina no es más un lugar de paso”, señaló, para luego agregar que “tienen que trabajar e invertir, tienen que pensar y colaborar con toda la sociedad argentina”.
En algún momento pareció que Kirchner bajaba la intensidad de sus palabras, sobre todo cuando aclaró que sus comentarios no estuvieron referidos sólo a Repsol-YPF, sino a todas las compañías del sector. Pero luego volvió a la carga al afirmar que “queremos que vengan todas las inversiones, pero ya estamos cansados de algunas picardías que no nos merecemos”.
“Kirchner tiene que precisar cuáles son las picardías”, demandó el titular de una de las asociaciones de consumidores que acudieron a la Justicia, en diálogo con este diario. Las entidades tuvieron una doble intención al formular su denuncia. La primera es que se investigue a las empresas por el delito de extorsión. La segunda es exponer a Kirchner para que ratifique o rectifique sus dichos, en un intento por forzarlo a avanzar a fondo o, de lo contrario, dejar en evidencia que mientras su discurso va por una vereda, las acciones concretas del Gobierno van por la de enfrente. Las asociaciones fueron ayer muy críticas del Gobierno en la audiencia pública en la que se trató el aumento en el precio del gas (ver nota aparte).
“Nuestro Presidente ha sido objeto por parte de los denunciados de una clara maniobra extorsiva tendiente a lograr el incremento de precios de gas en boca de pozo”, dice la denuncia que recayó en Galeano. Las asociaciones de usuarios exigieron que apenas el juez tenga “determinados los responsables (de la supuesta extorsión), se proceda a su inmediata detención” porque “la figura de extorsión no resulta excarcelable”, ya que prevé penas de cinco a diez años de cárcel. Repsol-YPF prefirió no opinar sobre el tema, ante la consulta de Página/12.
“Si el Presidente denuncia que estamos en el marco de una denuncia de extorsión, no estamos en libertad para resolver una discusión técnica como la del aumento del precio del gas en boca de pozo”, argumentó, por su parte, Cafiero, para defender no sólo su presentación contra las gasíferas, sino también su pedido de suspensión de la audiencia que se realizó ayer. Esa última demanda no tuvo éxito.
Frente a las denuncias, Galeano y Ballestero, los jueces en los que recayeron los expedientes, deberán iniciar sendas investigaciones para determinar si se cometieron o no los delitos.