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Cuando, en la discusión sobre el tipo de cambio real, Guillermo Calvo defendió un dólar que bajase a 2,10 pesos a través de una gradual apreciación de éste, su postura, expresada en moneda, implicaba que en el período presidencial de Néstor Kirchner se le pagarían unos 10 mil millones de dólares más a los acreedores. Más allá del plano de la discusión teórica sobre políticas cambiarias alternativas, el planteo del economista argentino tenía una traducción monetaria concreta, con transferencias mucho más voluminosas hacia los bonistas. Esto explica el fervor con que algunos analistas dan batalla en favor de una flotación cambiaria limpia, en la que el Banco Central no intervenga comprando dólares para evitar la valorización del peso, provocada por el circunstancial excedente en las cuentas externas.
El economista platense Jorge Carrera calculó la capacidad de pago que surgiría de un superávit fiscal primario (SFP) igual a 3 por ciento del Producto Interno Bruto, según se lograra un crecimiento del 4 ó del 8 por ciento anual en el período 2004-2007, y para valores del dólar de tres, 2,80 y 2,10 pesos, respectivamente. Como se sabe, el SFP es el ahorro en pesos que hace el Estado (en este caso el nacional) para comprar con él las divisas necesarias para atender la deuda pública.
En caso de una expansión económica anual promedio de 4 por ciento, con un dólar a 3 pesos, y dado un SFP de 3 por ciento, se podrían pagar 19.851 millones de dólares, pero en el caso de una paridad de 2,10 la capacidad de pago saltaría a 28.358 millones. En cambio, manteniendo el supuesto de un dólar a 3 pesos, pero acelerando el crecimiento del PIB a una media del 8 por ciento anual, la cantidad de dólares que podría comprar y girar la Nación sería de 21.790 millones.
Vale decir que mientras una baja de 70 centavos en el dólar frente al peso elevaría en 42,9 por ciento los eventuales pagos a los acreedores, duplicar el ritmo de crecimiento de la economía, para un mismo tipo de cambio de 3 pesos, sólo incrementaría en un diez por ciento las posibles remesas. Esto significa que a un acreedor lo que le conviene por sobre todas las cosas es que el peso se aprecie, y recién después, en muy segundo término, puede interesarle que la economía argentina crezca más velozmente.
El bono atado al crecimiento, incluido en la nueva oferta formulada por Roberto Lavagna, podría ser una manera de incentivar el interés de los acreedores por el crecimiento nacional. Pero para ellos lo más relevante es que el fisco consiga el mayor superávit primario posible en pesos, y que con éstos Hacienda pueda adquirir la mayor cantidad de dólares. Para Carrera y otros economistas, incluyendo a los oficiales, el problema reside en que estos dos objetivos prioritarios de los acreedores al poco tiempo abortarían el crecimiento de la economía y terminarían conduciendo a un nuevo default.
Este desajuste de propósitos entre los perseguidos por los bonistas –con eco entusiasta entre muchos políticos y economistas argentinos, sobre todo del campo neoliberal– y los intereses de la sociedad argentina expresa un aspecto de lo que, en términos más generales, denomina Carrera la “defectuosa conexión de los países de la periferia emergente con el centro financiero mundial”. Es en ese contexto en el que evalúa que “la relativa desconexión de la Argentina de la parte más volátil del sistema financiero internacional parece ofrecer más beneficios que costos”.
Es frecuente oír, sin embargo, a analistas que consideran que la situación de default le ha costado al país “perderse” dos años de tasas bajas y crédito abundante en la plaza financiera mundial. Desde este curioso punto de vista, la Argentina marcharía a destiempo: ahora, cuando la política monetaria de Estados Unidos amenaza endurecerse gradualmente, el país se acuerda de intentar salir de la cesación de pagos, lo que eventualmente le permitiría acceder a los mercados de crédito voluntario. ¿Se lamentan por no haber recomenzado el círculo fatal?