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Por segunda vez en menos de dos semanas, la Corte Suprema chilena se negó a cooperar con la Justicia argentina y optó por amparar a Carlos Menem. El alto tribunal rechazó por “inadmisible” la extradición del ex presidente que había solicitado el juez Jorge Urso para traerlo a declarar, después de cuatro faltazos, en una causa por sobreprecios en la construcción de las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz.
Aunque el ánimo de la sociedad chilena hacia Menem no es de lo más amigable, ahora cuenta con respaldo judicial para quedarse en el país vecino. El problema lo tendrá si pretende traspasar la frontera, hacia Argentina o hacia donde sea, ya que las órdenes de captura internacional en su contra por lo pronto siguen en pie. Conserva su condición de rebelde no sólo en la causa de Urso sino en la que instruye el juez Norberto Oyarbide –por omisión maliciosa de una cuenta suiza– a quien la Justicia trasandina también le rechazó un pedido de extradición el 27 de mayo.
Urso había llamado a indagatoria al ex presidente y, como nunca se presentó pese a que le dio varias oportunidades, solicitó a Chile el 20 de abril que lo detenga y lo mande a la Argentina para poder interrogarlo por supuesto cohecho, entre otros delitos. No le creyó ni la historia de la lesión en el brazo ni ninguna de sus excusas. Sin embargo, para el juez de la Corte chilena Jaime Rodríguez Espoz “la orden de detención de Carlos Saúl Menem Akil es tan sólo una sanción por incumplimiento de los trámites procesales, de suerte que no procede impetrar la extradición por ese exclusivo motivo”. Esa medida sólo sería admisible, aclara, si se responsabilizara al riojano de “haber ejecutado un ilícito penal”.
La resolución de Rodríguez Espoz explica que, según los requisitos de la Convención sobre Extradición de Montevideo y las normas locales que rigen en este caso, “la persona que se encuentre en territorio chileno debe haber sido previamente procesada o condenada en la nación requiriente” y ésa no es la situación de Menem en la investigación sobre la licitación irregular de dos unidades penales. Esto genera una encerrona para la Justicia argentina, donde la indagatoria es un paso previo obligatorio antes de responsabilizar a alguien por un delito. Si Urso nunca pudo tomarle declaración a Menem no puede procesarlo.
Según funcionarios judiciales consultados, hay pocas salidas para destrabar esta situación. Urso, explican, podría reelaborar su pedido a Chile con una fundamentación minuciosa que demuestre, sin ser exactamente un procesamiento, la existencia de algún ilícito. Hay quienes creen que levantar el pedido de captura y pedir sólo la extradición también podría facilitar el trámite ya que el fallo de ayer cuestiona el arresto.
Oyarbide no tomó ninguno de estos caminos aunque en la causa a su cargo la discusión es más sencilla porque Menem sí está procesado. Hasta ahora, sólo tanteó a la Cancillería a través de emisarios para ver si hay alguna chance de que el Estado apele.
Menem tendrá en agosto un nueva cita a indagatoria, pero esta vez será del juez Sergio Torres, por la venta sospechosa de Parque Norte. En esa causa el ex presidente ya pidió una prórroga y, si falta otra vez, tendría que sortear un nuevo pedido extradición. Está por verse si, como viene amagando, está dispuesto a correr el riesgo de aparecer por estas tierras antes de fin de año sólo de visita.