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La petrolera Repsol hizo un aporte para aliviar, al menos en parte, la preocupación del Gobierno por los altos costos que puede tener calefaccionarse este invierno para los hogares más pobres. A partir de ayer, YPF Gas –subsidiaria de la firma española– fijó en 21 pesos el precio “sugerido” al público para la garrafa de 10 kilogramos vendida en su red de distribuidores en Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa, y en 22 pesos para el resto del país. Según informó la propia empresa, este valor es un 14 por ciento inferior al precio promedio actual en el mercado. La evaluación compartida entre directivos de la firma española y funcionarios del área energética es que, por su posición dominante en el mercado, YPF Gas arrastrará a las empresas competidoras a imitar esa conducta. Repsol-YPF ratificó que seguirá vendiéndose la “garrafa social” a un precio subsidiado de 18 pesos en 600 puntos distribuidos en todo el país. Estos valores fueron cuestionados por entidades de consumidores y la Defensoría del Pueblo de la Nación que, en particular, señaló que un estudio de costos indicaría que el “precio razonable” debería oscilar entre 16,75 y 17,80 pesos por garrafa, sin subsidio.
La red oficial de YPF Gas engloba a 80 distribuidores, de un total de dos mil que operan en el país, pero representan el 22 por ciento de las ventas en el mercado. Del gas licuado fraccionado por YPF Gas, sólo una mínima porción es distribuida por fuera de su red oficial. Es decir que la rebaja tendría efecto inmediato sólo sobre la mencionada porción del mercado. Pero allegados a Repsol aseguran que la rebaja en el precio final es consecuencia de recortes en las distintas etapas: el gas butano fue reducido en un 40 por ciento (frente a la aplicación de retenciones a la exportación del 20 por ciento) y los márgenes del fraccionador y el distribuidor también sufrieron recortes. Los distribuidores de la red de YPF les entregarán las garrafas a los comercios a 19 pesos. “Se estima que un margen del 10 por ciento para el comerciante es suficiente, aunque también podría hacer su aporte y no cobrarlo”, sugirió una fuente de la empresa.
En la mayor parte del país, el precio actual de la garrafa oscila entre 24 y 25 pesos. Tras lanzar el programa de “garrafa social”, el Gobierno llegó a advertir que si las empresas productoras y fraccionadoras no bajaban los precios, se vería obligado a “tomar medidas”. Incluso, en el mensaje de creación de la empresa estatal de energía, Enarsa, se la facultaba para intervenir en los mercados frente a situaciones de “abuso de posición dominante”. La reacción de Repsol-YPF, presumiblemente acordada con el Gobierno, alejaría toda posibilidad de intervención, sobre todo si la actitud de la petrolera española es acompañada por las otras grandes fraccionadoras: Total y Shell.
En el mes de mayo, el Ministerio de Economía encomendó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia una investigación integral del mercado de gas licuado de petróleo, desde la etapa de producción hasta su consumo final. Eduardo Mondino, defensor del Pueblo de la Nación, cuestionó en una denuncia presentada ante ese organismo el precio fijado para la “garrafa social”, sosteniendo que conforme a un estudio de costos, incluyendo un beneficio razonable en cada etapa, se arribaría a un precio final inferior, entre 16,75 y 17,80 pesos por garrafa, dependiendo del grado de integración entre la producción, el fraccionamiento y la distribución.
El precio sugerido de 21 pesos estará vigente para Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa, que representan el 75 por ciento del mercado consumidor de garrafas de GLP de 10 kilogramos.