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Una de las grandes falacias de los últimos años, promovida por usinas ideológicas muy bien financiadas por el “mercado”, fue que el sistema previsional público estaba al borde de la quiebra y que la única salida para garantizar las jubilaciones en el futuro era la reforma que creó a las AFJP en 1994. Según un informe que circula en Gobierno, esa reforma, diseñada por Domingo Cavallo y un grupo de banqueros, provocó desde entonces una pérdida de ingresos fiscales de 65.000 millones de pesos.
Más interesante aún es que la reforma significó una de las mayores transferencias de recursos del Estado a las arcas de compañías privadas de la historia argentina: 10.000 millones de pesos se apropiaron las AFJP en comisiones, mientras que 35.000 millones, en concepto de rebaja de aportes patronales, fueron al bolsillo de las empresas beneficiadas por esa medida. El resto, apenas un tercio del total, fue a las cuentas de los afiliados al sistema de capitalización y futuros jubilados. Sin esa sangría de fondos, las cuentas previsionales del sector público hubieran tendido al equilibrio, y se habría podido recomponer hace años el poder de compra de las jubilaciones.
El estudio, en poder de un selecto grupo de funcionarios, se titula “Impacto de las reformas al Sistema Previsional (1994-2003)”. Seguramente, ninguno se animará a debatirlo públicamente hasta tanto Roberto Lavagna no haya concluido la renegociación de la deuda con las AFJP. Hasta entonces el ministro de Economía hizo un pacto de no agresión con los bancos extranjeros, dueños de las mayores administradoras del mercado. Pero sería la bibliografía de cabecera del Presidente si alguna vez decidiera volver a la carga con la prometida reformulación del sistema de AFJP.
La tesis central del informe es que todo el dinero que se escurrió de las cuentas del Estado en el período mencionado hubiera alcanzado con creces para garantizar el equilibrio financiero del sistema previsional público. En especial, si en lugar de dedicarse de transferir negocios al sector privado el Estado se hubiera ocupado de mejorar la eficiencia tanto de la recaudación como del gasto previsional, eliminando prebendas e irregularidades en el otorgamiento de los beneficios. La mejor prueba de ello es que, aún con ese agujero en la mochila, este año, según proyecciones oficiales, el sistema público de reparto cerrará sus cuentas con un superávit del orden de los 1000 millones de pesos.
Ese cálculo responde en buena medida al fuerte aumento de la recaudación, tanto de aportes previsionales como de impuestos que, en distintas proporciones, financian al sistema previsional. Pero aún así es sorprendente si se tiene en cuenta que incluye, por el lado del gasto todas las subas de la jubilación mínima dispuestas para este año, y el último anuncio de aumento del 10 por ciento para todos los haberes de hasta 1000 pesos.
Volviendo al estudio, los puntos más destacados son los siguientes:
- Entre 1994 y 2003, el Estado dejó de recaudar 64.952 millones de pesos (dólares hasta el fin de la convertibilidad) a causa de la llamada “reforma previsional”.
- Dentro de dicha reforma el informe identifica, por un lado, la creación del régimen de capitalización. Hacia allí se transfirieron aportes por 30.528 millones de pesos. De esos recursos, las AFJP se apropiaron, en concepto de comisiones, de 10.000 millones de pesos, mientras que el resto fueron a las cuentas individuales de los afiliados.
- El otro componente de la reforma, según el documento oficial, fue la reducción de las contribuciones patronales, que dispuso Cavallo con la nunca comprobada teoría de que alentaría el empleo. Parodójicamente, en una década teñida del discurso neoliberal y la prescindencia del Estado, esa medida significó uno de los mayores subsidios estatales a empresas privadas de la historia argentina: en diez años, las compañías –de la industria y el agro– se quedaron con 34.424 millones de pesos.
- Como la Anses dejó de recaudar (por el desvío de fondos a las AFJP y por la rebaja de aportes patronales) en promedio unos 6500 millones de pesos año, pero siguió pagando al universo de las jubilaciones, el déficit previsional fue una constante de la última década.
- Sin la “reforma”, el sistema público de jubilaciones podría haberse autosolventado, en algunos años, exclusivamente con los aportes de los trabajadores en actividad y de los empleados. Es decir, prescindiendo de los impuestos (IVA, Ganancias, Combustibles, Cigarrillos) que derivan fondos al sistema.
La pregunta es obvia: ¿cuántos aumentos jubilatorios podrían haberse financiado en los últimos años si el Estado no despilfarraba su recursos en favor de banqueros y empresarios?