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La Corte Suprema está terminando de diseñar una propuesta para poner fin al conflicto entre San Luis y el Estado, en el que la provincia reclama 247 millones de dólares que le quedaron atrapados en el corralito del Banco Nación. Los supremos todavía tienen la esperanza de que las partes lleguen aunque sea a un acercamiento, pero por ahora las posiciones fueron bastante rígidas. Los puntanos no quieren perder ni un solo dólar y dicen tener en marcha un plan de obras públicas, lo que les impide esperar mucho tiempo para disponer del dinero. El Gobierno lo que viene ofreciendo es la devolución con un bono dolarizado a diez años. La salida que posiblemente sugiera el Alto Tribunal combinaría bonos y pesos, lo que implicaría cierta pérdida para la tierra del ex presidente Adolfo Rodríguez Saá.
“Es posible que la Corte haga una propuesta en la próxima audiencia”, informó un vocero del Tribunal. “La idea que se baraja es que haya una devolución parte en bonos y parte con un depósito a la vista en pesos con cláusula de ajuste, de disponibilidad más cercana. Implicaría una quita para San Luis contra una espera mayor que la que prevé la ley”, dijo un funcionario de la Corte.
Hasta el momento hubo dos audiencias de conciliación en el Alto Tribunal pero ambas fracasaron. Habrá una tercera, todavía sin fecha, de la que surgirá alguna fórmula que podría poner cierto freno al drenaje de fondos de los bancos. Mientras tanto, los abogados de la provincia y los representantes del Gobierno mantienen reuniones informales con los miembros del Tribunal y hoy es posible que se planteen nuevas propuestas. San Luis, paralelamente, evalúa la posibilidad demandar penalmente “a los responsables del Banco Nación por retención indebida de los fondos”, según explicó el abogado Eduardo Allende.
La postura que el Ministerio de Economía sostuvo hasta ahora fue la de pesificar el corralito de San Luis a 1,40, igual que para todos los ahorristas, y la semana pasada planteó ante los supremos la opción de emitir un bono dolarizado a diez años con cupones de vencimiento mensual. Pero la provincia dice tener urgencia y propone, además, una fórmula para no perder en dólares. “Con la pesificación, que nosotros nunca consentimos, nuestro plazo fijo se transformó en 350 millones de pesos que hoy están en una cuenta a la vista”, explica Allende.