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Los productores agropecuarios preparan una semana de protesta para los primeros días de mayo. Reclaman contra las retenciones que, sostienen, “significarán quebrantos” para el sector por 2 mil millones de dólares. Como parte de la medida de fuerza no se enviará hacienda a Liniers, no se comercializarán granos y se “bloquearán los puertos” para evitar la salida de productos. Si no se obtienen resultados, los dirigentes del campo planean un segundo paro “mucho más prolongado”. Como contracara, una investigación del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (Iefe) reveló que el nivel actual de retenciones aliviará las cuentas públicas en casi 3000 millones de dólares durante el 2002, lo que las convertirá en el tercer impuesto nacional detrás de IVA y Ganancias. En tanto, un estudio del Instituto para el Modelo Argentino (IMA) destacó los efectos antiinflacionarios del tributo, así como su potencialidad para reducir el déficit fiscal y descomprimir el mercado cambiario.
Tras un siglo de desindustrialización la economía argentina exporta sobre todo commodities, productos de base primaria con precio fijado por el mercado mundial. En el actual contexto de devaluación la mejora en los precios relativos para los exportadores no se traduce automáticamente en un aumento de los volúmenes exportados. Ya antes de la variación en el tipo de cambio, quienes producían para el mercado externo –a diferencia de quienes lo hacían para el interno– operaban con capacidades casi plenas. Como consecuencia, además de la caída en los salarios, la devaluación solo generó transferencias extraordinarias de recursos hacia los sectores exportadores (de base primaria) fuertemente concentrados.
En este marco, las retenciones constituyen un mecanismo compensatorio para evitar que la devaluación genere solamente transferencias. Su primer efecto, al generar recursos en divisas para el Estado, es el de lógica mejora de la situación fiscal. Adicionalmente –de acuerdo con el trabajo del IMA elaborado, entre otros, por el tributarista José Sbatella– las retenciones presentan la ventaja extra de contener la inflación. Si el Estado cobra un impuesto a la exportación, el ingreso en pesos del exportador disminuye. De esta manera, el argumento de alinear el precio interno al internacional desaparece. El IMA concluye que “los efectos sobre el nivel general de precios constituyen un elemento trascendental de este tipo de impuesto que sustituye a la combinación de un subsidio al consumo”.
Pero desde el punto de vista macroeconómico, la mejora de la recaudación y la contención del impacto inflacionario post devaluación no son los únicos efectos positivos de las retenciones. Al representar un ingreso en divisas, evitan también que el Estado deba adquirir dólares en el mercado. Como sintetiza el informe del IMA: “El sector público compensa la necesidad de divisas por el lado del gasto mediante una fuente de divisas por el lado de los ingresos”. El problema de la “doble transferencia” -por el cual el sector público debe generar superávits primarios y, a la vez, hacerse de los dólares necesarios para pagar deuda externa– es resuelto así mediante un solo instrumento. Paralelamente, al percibir una fuente de ingresos en dólares, se “morigeran los efectos de un mercado de cambio volátil”. Y si la devaluación se prolonga en el tiempo, podría darse lugar a una licuación parcial de déficit.
En lo que se refiere estrictamente al volumen de ingresos proporcionado por las retenciones, el citado informe del Iefe calculó que entrarán a las arcas públicas 2.931 millones de dólares. También estimó que si se hubiese aplicado la medida desde principios de la nueva administración, los ingresos habrían sumado 429 millones de dólares más. Una clara muestra de que el carácter dubitativo del gobierno tiene un elevado costo para la sociedad. Pero además del costo económico directo, seguramente se habría reducido también el nivel de confrontación con los sectores afectados por el tributo. Las cifras del Iefe indican que de los 2.931 millones que se recaudarán (según las alícuotas que comenzaron a regir la semana posada: 20 por ciento para las exportaciones de petróleo, granos, aceites y harina, 10 por ciento pata la mayoría de los productos primarios y 5 por ciento para las manufacturas industriales) las ventas de productos primarios aportarán a la recaudación 895 millones de dólares, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), 998 millones, el conjunto de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), 398 millones y los combustibles 641 millones.
En términos de los compromisos externos de la Argentina, según los datos del presupuesto, los ingresos por retenciones bastarían para cubrir el 72 por ciento de los compromisos de pagos por servicios de la deuda nominada en dólares. Sin embargo, desde el Estado también se piensa en otras prioridades. El informe del Iefe sostiene que “se sospecha que el Estado promete gasto a cuenta” de esta recaudación futura, “lo que habría dado el respaldo de las provincias para ajustar déficit y aprobar vía legislaturas el acuerdo que firmará la nación con las provincias”.
Al margen de la suma de efectos macroeconómicos, muchos de ellos de carácter irreversible en términos de la consistencia interna del plan, la dirigencia agropecuaria, a pesar de contarse entre los sectores
beneficiados por la devaluación, continúa resistiéndose a resignar parte de los beneficios extraordinarios generados en el proceso. El plan, según coincidieron sus dirigentes es “no dejar pasar el último aumento de las retenciones”.