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Por M. M.

Una alta fuente del Ministerio de Economía dijo anoche a Página/12 que Roberto Lavagna pretende sentarse nuevamente a negociar con el Fondo Monetario en enero, pese a que el canje de deuda estará por entonces todavía verde. “El requisito para negociar un nuevo acuerdo con el FMI no es tener aprobado el canje de deuda, sino que el proceso esté en marcha”, afirmó el funcionario. Lavagna buscaría forzar una definición con el FMI, solicitando un reembolso de los pagos realizados durante la segunda mitad de este año y la refinanciación de vencimientos durante el próximo. Sin embargo, nada asegura el éxito de la jugada. Aun suponiendo que el Fondo hiciera la vista gorda con las demoras en la salida del default, en Economía reconocen que el organismo volverá a presionar por las tarifas de los servicios públicos privatizados, entre otras condicionalidades urticantes para el Gobierno.
Hacia la segunda semana de enero, tal como estaba previsto, llegará una misión del Fondo Monetario a Buenos Aires. En los planes originales, la administración Kirchner preveía cerrar el canje de deuda el 19 de enero. Con esa carta en la mano, la idea era discutir un nuevo programa stand-by que permitiese refinanciar los vencimientos de capital con el organismo, y garantizara el reembolso de los 2000 millones de dólares que se habrán pagado a los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, BID) entre julio y diciembre de este año.
Ese esquema se derrumbó, en parte, con la renuncia del Bank of New York y los atrasos en el proceso de autorización de la operación de canje en Italia y Japón. Sin embargo, en Economía consideran que, aún con la reestructuración de la deuda abierta, vale la pena el intento por volver a conversar con el Fondo. “Podemos sentarnos perfectamente a negociar con el Fondo en enero”, dijo el estrecho colaborador de Lavagna a este diario.
Igualmente, a menos que el Gobierno lograra mostrar avances en la renegociación con los acreedores que todavía no se vislumbran, nada garantiza que Washington pudiera hacer un guiño a la Casa Rosada, ni mucho menos.
En el equipo económico sostienen que algunas de las condiciones que reclamaba el Fondo en julio, cuando se decidió suspender el acuerdo, fueron cumplidas. Por ejemplo, la exigencia de una auditoría externa para los bancos Nación y Provincia. O dejadas de lado, como la demanda de una nueva ley de coparticipación de impuestos.
No obstante, admiten que las tarifas públicas de las empresas privatizadas continúan con una marca roja en el boletín de calificaciones. En tanto, nadie descarta que puedan reaparecer otras cuestiones delicadas políticamente, como la nueva compensación con bonos (por 7000 millones de pesos) que reclaman los bancos por los amparos.
“Decir que el canje se demorará 3 meses es una exageración absoluta”, deslizan en Economía. “No estamos hablando de una postergación hasta junio o agosto”, agregan. Son conscientes de que una dilación de esa magnitud pondría en riego toda la estrategia oficial para dejar atrás el default.