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El Gobierno respondió a las demandas de la CGT y aumentó las asignaciones familiares en un 50 por ciento. También decidió una redistribución transitoria de excedentes fiscales para los jubilados y para quienes reciban planes sociales. La decisión fue considerada por el Poder Ejecutivo como un paso más en la redistribución del ingreso iniciada con los aumentos del salario mínimo. En el frente externo la medida resulta, cuanto menos, provocativa. Mientras la hasta hace poco inminente salida del default se demora, el Gobierno redistribuye parte del excedente fiscal que los acreedores tenían en la mira. Pero en materia de redistribución, la deuda pendiente todavía es demasiado grande. El paliativo de fin de año está lejos de poder ser considerado parte de una política integral que reduzca la desigualdad distributiva agudizada por el estallido de la convertibilidad.
Quienes analizan los problemas de distribución del ingreso consideran que, para tener éxito, cualquier estrategia redistributiva debe ser integral y no meramente paliativa. Las cifras oficiales dicen que la ayuda para jubilados y planes sociales será de 820 millones de pesos por única vez, el equivalente a algo más del 4 por ciento del superávit fiscal esperado para 2004, que rondará los 20.000 millones de pesos. El beneficio alcanzará a alrededor de 5,4 millones de personas. 3,3 millones de jubilados se repartirán 660 millones de pesos y cerca de 2,1 millones de receptores de planes sociales recibirán unos 160 millones de pesos. A modo de comparación puede recordarse que desde la suspensión del acuerdo con el FMI, en julio pasado, y hasta fin de año, la Argentina le habrá pagado sólo al Fondo 1200 millones de dólares, que sumarán 2000 si se considera al conjunto de los organismos internacionales.
Pero no sólo habrá una distribución de excedentes transitoria. El aumento de las asignaciones familiares será permanente. Dado que la medida es retroactiva a octubre, en diciembre se repartirán 188 millones de pesos, el equivalente a tres meses. Para quienes ganan hasta 725 pesos, el aumento será de 20 pesos por hijo. La medida choca contra el mismo problema que los aumentos del salario mínimo. La elevada informalidad del mercado de trabajo sólo permitirá que la redistribución mensual de 63 millones de pesos alcance sólo al 40 por ciento de los asalariados.
El resultado final de la medida, entonces, permitirá la mejora marginal del poder de compra de algunas franjas de la población. El impacto será fuerte para los beneficiarios de planes sociales, que obtendrán un extra del 50 por ciento de su haber, y significativo para los jubilados, en especial para los de menores ingresos (por tratarse de una suma fija). Desde esta perspectiva, el gasto público cumplirá una función de contención social y política, pero sin afectar el patrón de distribución entre los ingresos de los asalariados y la ganancia empresaria, la característica básica de cualquier política redistributiva. Seguir este camino implicaría que los salarios se recuperen creciendo por encima de su productividad, esto es cambiando la distribución funcional del ingreso. Otra vía sería alterar la actual política fiscal a fin de que el Estado se apropie de una porción mayor de la ganancia empresaria. Para que esta vía se complete, dicha porción debe volver luego en forma de ingresos no salariales, es decir, como gasto social. Conceptualmente este camino cambia la distribución personal del ingreso, no la funcional. La devaluación de 2001 produjo un deterioro de la distribución funcional, mientras que el presupuesto de 2005, al reducir proporcionalmente el gasto social, consolida el deterioro de la distribución personal.