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Sin romper lanzas, el sector empresario quiso dejar testimonio de su disconformidad con el aumento salarial resuelto por decreto del Ejecutivo para los trabajadores privados. “Es una potestad política del Gobierno y así lo aceptamos, pero nosotros también tenemos un compromiso frente a las empresas de distintos sectores que no están en condiciones de pagar el aumento; por eso se lo hemos advertido al Gobierno, para evitar que haya una crisis”, puntualizó Héctor Méndez, actualmente vicepresidente y futuro titular de la Unión Industrial Argentina, en diálogo con Página/12. Carlos Tomada, ministro de Trabajo, volvió a defender el criterio del Gobierno al disponer el aumento recordándoles a los empresarios que el salario “no es solamente un costo laboral, sino también un mecanismo de fortalecimiento del consumo”. El titular de la cartera laboral recibió anoche a la mesa de conducción de la CTA, que también cuestionó el mecanismo de redistribución del ingreso por el que transita el Gobierno.
Méndez se hizo eco de “diversas regiones del país que manifestaron la imposibilidad de pagar los aumentos”. “Sabemos también que hay varios sectores preocupados, porque la reactivación no es igual para todos y muchos no tendrán forma de aumentar las nóminas salariales”, agregó. “Cuando los aumentos se definen por decreto, suele pasar esto, que se cometen injusticias, por eso decimos que lo mejor es negociar salarios en convenciones colectivas”, subrayó el empresario de la actividad plástica.
–El criterio de no ajustar salarios porque hay algún sector o empresa que no está en condiciones de pagarlo llevaría a que siempre se aumente en función del que está peor. ¿Cómo se resuelve este problema? –interrogó Página/12 al directivo empresario.
–Cuando hay diálogo entre los empresarios de un sector con la contraparte, siempre hay mayor aproximación a resolverlo. Le hablo como titular de una cámara empresaria. Cuando discuto con los dirigentes del gremio de mi rama de actividad, ellos saben de la situación de las empresas y yo conozco las necesidades que tienen. Entonces, la posibilidad de encontrar una solución sin cometer ninguna injusticia es mayor.
–¿Hay cierta falta de gimnasia para la negociación, como señala el ministro de Trabajo?
–Los que negocian son personas. Eso depende de a quién se refiera. Pero seguro no es nuestro caso, los industriales. Casi todas las ramas están negociando o ya han firmado. No sé en otros sectores, como servicios o transporte. El propio ministro nos reconocía que en el sector manufacturero la discusión estaba muy avanzada.
De todos modos, el ya elegido futuro titular de la UIA justificó la decisión del Gobierno de resolver un aumento salarial general por decreto. “Nosotros no tenemos la visión general del país, es la misión del Estado medir la situación social y velar por la cuestión general”, indicó.
Tomada, en tanto, insistió en que la mejora de salarios por decreto “no obstaculiza el funcionamiento de la negociación colectiva” sino que va dirigida a “sectores a los que les cuesta alcanzar algunos consensos”. Y con respecto a las limitaciones en el aumento a los empleados estatales, que sólo alcanza a los que tengan un ingreso inferior a los 1250 pesos, el titular de la cartera laboral indicó que “por ahora, los recursos fiscales permiten la adopción de estas medidas”.
La mesa de conducción de la CTA visitó ayer al ministro de Trabajo a última hora de la tarde, ante quien reiteró sus cuestionamientos a lo que considera una ausencia de política de ingresos de parte del Gobierno. “Con este tipo de ajustes, exclusivo para los trabajadores formales en relación de dependencia, se va consolidando una economía de dos velocidades, una fractura entre los empleos registrados y otra cantidad equivalente de trabajadores sin ningún tipo de protección”, señalaba uno de los borradores preparados por los equipos técnicos de la central para la reunión con el ministro. “Es imposible tener un esquema de discusión salarial igualitario entre trabajadores y patrones si ni siquiera hay un sistema de seguridad social que abarque a la totalidad del universo laboral”, sostienen.
En referencia a estos cuestionamientos, Tomada sostuvo ayer que la cartera a su cargo está reforzando la lucha contra el empleo en negro, para lo cual incorporó recientemente casi 200 inspectores. La extendida precariedad de las condiciones laborales sigue siendo, de todos modos, la principal debilidad de la fuerza laboral a la hora de negociar.