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El fiscal Federico Delgado solicitó la elevación a juicio oral de parte de la causa en la que se investigan los crímenes cometidos durante la última dictadura en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército. El pedido alcanza a siete represores encabezados por el ex general Carlos Guillermo “Pajarito” Suárez Mason. “No se trata de una causa más porque aquí se ventilan eventos que se corresponden con uno de los capítulos más oscuros de la historia de la República Argentina, porque se trató de una feroz y desnuda represión ejecutada por quienes usurparon el poder el 24 de marzo de 1976 con el deliberado objetivo de despolitizar y recluir a la ciudadanía a lo ‘privado’, para ‘normalizar’ un momento de la historia que se percibía como amenazante para el orden social vigente”, señaló Delgado en su escrito.
El pedido de elevación a juicio del fiscal se produjo luego de que los abogados querellantes –de los organismos de derechos humanos– hicieran sus presentaciones a pedido del juez Daniel Rafecas. Ahora, las defensas de los acusados tendrán un plazo de seis días para pronunciarse sobre el tema. Después, el juez se desprenderá de esta parte del expediente y se sorteará el tribunal oral que se encargará de juzgar a los represores Juan Antonio Del Cerro, Héctor Humberto Gamen, Pedro Duran Sáenz, Alberto Pedro Barda, César Comes, Hipólito Mariani y Suárez Mason.
De acuerdo con este escenario, el juicio debería realizarse en los primeros meses del año próximo. Pero podría ocurrir que el tribunal decida esperar el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la validez o invalidez de las leyes de impunidad.
Esta causa fue reabierta por la Cámara Federal luego de la anulación legislativa de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En este expediente hay en total 32 represores presos. Los siete que irán a juicio son los que estaban con prisión preventiva rigurosa cuando se dictó las normas que cerraron los procesos judiciales contra los militares. Para juzgar a Suárez Mason, además, el juez Rodolfo Canicoba Corral –que estuvo hasta hace dos meses a cargo de la causa– declaró la inconstitucionalidad del indulto.
El jueves, la Sala I de la Cámara Federal anuló por cuestiones formales los procesamientos de 14 de los 32 acusados. Esto implicará demoras en el trámite de la segunda parte de la causa. Para que el atraso sea el menor posible, Rafecas repetirá los interrogatorios de estos 14 represores la semana próxima.
“El complejo devenir histórico de este proceso finalmente se encamina hacia la etapa de juicio oral y público, aquella que permitirá exponer y debatir ampliamente cuanto ocurrió entre 1976 y 1983 en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército. Pero la gravedad de los hechos, la carga de violencia que entrañan y la particularidad de que la actividad delictiva se llevó a cabo desde las estructuras de las instituciones a través de las que se manifiesta el Estado, desbordan las previsiones que reclama la ley procesal aplicable para elevar el proceso a juicio e impiden delimitar verdaderamente los momentos históricos en los que se gestó, nació y universalizó la actividad criminal que se objetivó en las instituciones del Estado”, señaló Delgado en el dictamen firmado ayer.
El fiscal detalló en el escrito las pruebas que hay en el expediente para acusar a los represores e hizo un extenso análisis del contexto histórico en el que se implementó el plan del terrorismo de Estado. “Se afirmó luego del 24 de marzo de 1976 que era imperativo recomponer el orden social porque se veían alteradas la paz y la tranquilidad del país. Surge con nitidez que el objetivo real era desatar una feroz represión tendiente a despolitizar, desmovilizar y disciplinar a la población en su conjunto”, afirmó el fiscal.
Del Cerro, Gamen, Duran Sáenz, Barda, Comes, Mariani y Suárez Mason están acusados de los delitos de imposición de tormentos y homicidio agravadopor alevosía. Si bien se trata de algunos pocos hechos –por los que estaban siendo juzgados en la década del 80–, en el expediente ya existen pruebas para ampliar las imputaciones a otros casos.
Un debate oral sobre los crímenes de los que son responsables estos siete acusados permitirá ventilar el accionar de la represión en Mar del Plata, en los centros clandestinos de la Capital, Club Atlético y El Olimpo y –entre otros– en los partidos de Merlo, Moreno y Morón, Campana, Zárate, Avellaneda, La Matanza y Quilmes.