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En los primeros once meses de 2004, un total de 131 personas fueron asesinadas por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, según el informe anual elaborado por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que fue presentado ayer durante un acto realizado en la Plaza de Mayo. En el documento se resalta que el mayor porcentaje de muertes, 30,6 por ciento, tuvo como víctimas a personas “privadas legal o ilegalmente de su libertad en cárceles o en comisarías”, mientras que los casos de “fusilamiento de un presunto ladrón” llegaron al 28,3 por ciento. La Correpi precisa que el total de casos de 2004 es similar al de 2003, ya que hubo tres muertos por semana por gatillo fácil, torturas u otras causas atribuibles a agentes del Estado. La entidad cuestionó al gobierno nacional por la continuidad del abuso policial. “El Ejecutivo se dice defensor de los derechos humanos, pero su mayor habilidad es captar adhesiones a su política de doble discurso”, sostuvo la Correpi.
El cuestionamiento alcanzó al gobierno bonaerense, que en el año produjo “recurrentes purgas en la (Policía) Bonaerense”, dado que “entre el 15 de mayo y el 29 de septiembre de 2004 cesantearon a 819 efectivos, la mayoría vinculados a causas penales por graves delitos”. A pesar de ello, según la estadística, “la mayor parte de las muertes de este año se registraron en los meses posteriores a las ‘purgas’ policiales”.
Luego de resaltar que un alto porcentaje de las muertes, desde 1983 a la fecha, fueron por aplicación de apremios ilegales, “en sólo ocho de las causas se han aplicado condenas por el delito de tortura seguida de muerte”. Este año, el único caso en el que se condenó por esa figura del Código Penal fue el crimen de Ezequiel Demonty, por el cual dos de los policías recibieron la pena de reclusión perpetua. El informe de la Correpi, que reúne casos ocurridos desde 1983, luego del retorno a la democracia, totaliza hasta hoy 1684 asesinatos cometidos por agentes del Estado a lo largo de 21 años.
En dicho trabajo se deja sentado que las cifras son “estimativas”, dado que hay casos que siguen sin ser denunciados y otros que, al principio, han sido investigados como hechos cometidos por delincuentes comunes. Como dato ilustrativo se consignó que, al cierre de la actualización de datos, se reveló que el asesinato de la ginecóloga Irma Bernarda, de 68 años, quien fue ahorcada en su casa de La Plata el 9 de enero de 2004, fue cometido por cuatro policías de la comisaría 9ª de esa ciudad y no por civiles, como se pensaba. En la causa están ahora acusados los policías Luis Alberto Pintos, Rogelio Navarro y un tercero de apellido Borgoña.
Uno de los datos más fuertes del informe es la edad de las víctimas: en el 70,3 por ciento de los casos se trata de jóvenes de entre 14 y 25 años. Por cantidad de casos, la Policía Bonaerense vuelve a encabezar la estadística de asesinatos, con el 48,1 por ciento de los 131 casos ocurridos este año, seguida por la Policía de Santa Fe, con el 12,7 por ciento. Sin embargo, de tomarse en cuenta la proporción de muertes por millón de habitantes, como se hace en los trabajos estadísticos de mayor precisión, la que lidera la estadística es la policía santafesina, donde las fuerzas de seguridad provocaron la muerte de 68,4 personas por cada millón de habitantes. En segundo lugar se ubica Catamarca (58,53), tercera está La Pampa (57,93) y recién en cuarto lugar aparece la provincia de Buenos Aires, con 56,18 muertes cada millón de habitantes.
Sobre las muertes ocurridas este año, la Correpi dice, como ejemplo de la gravedad de las cifras, que “el Estado está asesinando un ciudadano cada 55 horas”. También señala que “desde el 25 de mayo de 2003, fecha de asunción del actual gobierno nacional, que gusta definirse como ‘el gobierno de los derechos humanos’, las fuerzas de seguridad han matado con el gatillo fácil o la tortura a 229 personas”.
En el informe se precisa, por otra parte, que desde 1995 a la fecha “más de 50 personas murieron asesinadas en el marco de la protesta social, en movilizaciones y cortes de ruta”. El acto de la Correpi se realizó en forma simultánea con una reunión convocada también en la Plaza de Mayo por un grupo evangélico. Uno de los pastores, hábil a la hora de buscar adeptos, criticó en su sermón a las fuerzas de seguridad, tratando de llevar agua para su molino: “La policía mata porque el 99 por ciento de sus miembros son católicos, apostólicos y romanos”, dijo el orador.