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El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, hizo ayer un último intento por evitar que el Consejo de la Magistratura pague un aumento salarial a los jueces y empleados judiciales. Le envió una carta personal a la directora de Administración Financiera del cuerpo ordenándole frenar los depósitos, pero no tuvo éxito. El organismo informó que el dinero estará disponible hoy en Capital Federal y el lunes en las provincias. Igual que en la Corte Suprema, en el Gobierno creen que el incremento no es legal y analizan si tomarán alguna medida.
El mes pasado el plenario del Consejo dispuso un aumento del 10 por ciento en los sueldos judiciales y el reescalafonamiento de los empleados del sector. La Corte Suprema buscó, en vano, suspender el beneficio con una acordada que lo declaraba ilegal por no estar previsto en el presupuesto y advertía que los consejeros estaban invadiendo sus atribuciones sobre el manejo de salarios. Esta semana incluso el presidente del tribunal, Enrique Petracchi, pidió por su cuenta dinero para elevar los haberes.
En el medio de esta puja institucional de poder comenzaron a intervenir el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete. Como criterio, de los dos aumentos en danza, al parecer, les agrada más el espíritu del que propone el Consejo. Lo ven más equitativo por achicar la brecha entre jueces y empleados, mientras que advierten que la propuesta de Petracchi tiende a favorecer a los jueces al recaer sobre la antigüedad y la permanencia en el cargo. Sin embargo, en despachos oficiales señalan que no coinciden con la metodología del Consejo, que pagará con el 3,5 por ciento que recibe de la recaudación fiscal. Sostienen que la autarquía financiera no los habilita a controlar ese excedente y que un aumento salarial debería tener autorización presupuestaria.
En la Casa Rosada venían evaluando, incluso hasta ayer, la posibilidad de bloquear los fondos con que el Consejo pensaba abonar. No sería fácil: esa salida, además de estar a contramano de la suba salarial anunciada por el Gobierno, requería un decreto o una orden judicial. Alberto Fernández se reunió entrado el día con Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), quien le advirtió que los judiciales esperaban sí o sí el aumento prometido con el esquema de recomposición previsto por el Consejo. De lo contrario, advirtió Piumato, habrá paro. El jefe de ministros también se comunicó con Petracchi.
El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, dijo esperar que el conflicto entre la Corte y el Consejo “se resuelva por la vía del consenso”. Pero, a puertas cerradas, el Gobierno analiza cortar la discusión promoviendo una ley que corte el goteo de superávit impositivo y deje al Poder Judicial un presupuesto fijo para manejar con autonomía. Tampoco está descartado que la Auditoría General de la Nación u otro organismo le pidan al procurador General de la Nación que promueva acciones legales una vez que se haya concretado el cobro. Mientras tanto, los empleados de tribunales ayer ya tenían sus recibos de sueldo con el plus del 10 por ciento ratificado el jueves último por el plenario de consejeros.