[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Aguas Argentinas podría ser multada por los problemas de suministro de los últimos días, pero eso no significa que vaya a pagar. El propio Gobierno dejaría en suspenso la aplicación de las sanciones hasta nuevo aviso. Esto es porque va camino a firmar una nueva carta de intención con la empresa, similar a la que suscribió en mayo pasado y que venció el 31 de diciembre. Ese documento da una cobertura legal a las partes mientras renegocian el contrato de concesión. Una de las cláusulas del acuerdo posterga la liquidación de las multas hasta tanto se defina íntegramente el nuevo marco regulatorio. Por esa vía, la empresa ya consiguió el año pasado que no le cobren 10,2 millones de pesos. Ahora, se libraría de saldar las penalizaciones que eventualmente le aplicaría el ente regulador.
La UniRen, el organismo técnico que renegocia los contratos con las privatizadas, trabaja contrarreloj en la redacción de la carta de intención. Su objetivo es terminarla antes del viaje de Néstor Kirchner a París. El próximo día 20, el Presidente se reunirá con su par francés, Jacques Chirac, quien está particularmente interesado en la suerte de Aguas Argentinas. La compañía es controlada por la francesa Suez y el gobierno de ese país tiene una especial predilección por ella.
Sus gestiones ante el gobierno argentino fueron determinantes para que desistiera de anular la concesión de Aguas. En el verano pasado, Kirchner amagó seriamente con desplazar a Suez, tal como había hecho con Franco Macri del Correo, como hizo después con Thales Spectrum del espacio radioeléctrico y con el grupo Taselli del ferrocarril San Martín. Pero en lugar de sacar a Aguas del negocio, el Gobierno accedió a firmar una carta de intención mediante la cual las partes ratificaron su voluntad de sentarse a negociar un nuevo contrato.
La compañía se comprometió a realizar inversiones durante 2004 por 242 millones de pesos –surgidos de la tarifa que pagan los usuarios– y a cambio consiguió que el Gobierno dejara en suspenso la liquidación de las multas. Además, la empresa logró resistir la presión oficial y mantuvo en pie el juicio contra el Estado que inició ante un tribunal internacional –el Ciadi– por el supuesto incumplimiento de contrato que significó la devaluación.
Roberto Lavagna jugó en aquella ocasión en favor de la empresa: argumentó que necesitaba el voto del representante francés en el directorio del FMI para alcanzar un acuerdo con el organismo. La estrategia no dio resultado, puesto que la relación con Washington naufragó de todos modos.
La UniRen depende de los ministros Lavagna y Julio De Vido. Una de las razones por las cuales el organismo pretende que el Gobierno y la compañía firmen otra vez una acta-acuerdo transitoria es porque todavía hay diferencias importantes sobre el nuevo perfil de la concesión. Una opción es que la empresa se encargue únicamente de la operación y el mantenimiento del servicio, mientras que el Estado se haría cargo de las inversiones de expansión de la red de agua potable y cloacas.
Desde que venció la carta de intención anterior, el 31 de diciembre, y hasta que se firme el nuevo contrato, lo que está vigente es el antiguo marco regulatorio. Ese cuerpo normativo es mucho más exigente con la empresa que la carta de intención. De hecho, en este momento no hay fundamentos legales que justifiquen que Aguas siga sin pagar las multas pendientes. La empresa apuesta a desprenderse definitivamente de ellas con la firma de un nuevo contrato.