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“El dolor se debe acompañar con acciones concretas.” De este modo, autoridades de la Facultad de Derecho y de Psicología de la UBA, junto al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, sintetizaron el objetivo del servicio que pondrán en marcha el lunes para atender a las víctimas del incendio en República Cromañón: en la sede de la Facultad de Derecho podrán recibir asistencia jurídica y psicológica gratuita. Además, los profesores de Derecho promoverán una ley que establezca los criterios de cálculo para la compensación a los damnificados. Moty Benyakar, un experto en desastres que trabajará en el servicio, relató que le transmitió al presidente Néstor Kirchner la necesidad de implementar un plan nacional sobre desastres y aseguró que encontró un eco favorable. “Esperamos que esto sea un quiebre, que con la República Cromañón desaparezca la irresponsabilidad y las autoridades tomen conciencia”, destacó el experto.
Benyakar, presidente de la sección Intervención de Desastres de la Asociación Mundial de Psiquiatría y titular de la cátedra de Bioética de la Unesco, aseguró que “hay voluntad” de elaborar un plan estratégico que comprenda no sólo la atención inmediata para casos como el de Once, sino también medidas a largo plazo y de prevención. El especialista, que antes de lo ocurrido en Once estaba en diálogo con el vicecanciller Jorge Taiana, con el ministro de Educación Daniel Filmus y con la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, diferenció las catástrofes causadas por fenómenos de la naturaleza de las provocadas por “negligencia humana”. Pero afirmó que “la experiencia argentina en los casos de desaparecidos, de la AMIA, de la explosión de la Embajada de Israel, de los veteranos de la guerra de Malvinas, de la explosión en Río Tercero, del incendio con derrumbe en Río Turbio y de los desastres naturales como las inundaciones en Santa Fe es suficiente como para que se establezca un programa nacional de prevención e intervención de desastres integrativo”. Benyakar enfatizó la importancia de que “esto no sea una actitud del momento, porque un programa serio tiene que estar sostenido por lo menos dos años, con el compromiso de acompañar a las personas en su dolor”.
Los profesionales consideraron que ante situaciones excepcionales de crisis corresponde que el Estado asuma los daños, “de modo que las desgracias individuales sean asumidas solidariamente”. Como antecedente citaron la ley 23.466, que concedió pensiones a favor de familiares de los desaparecidos, y la ley 24.156, que otorgó subsidios a las víctimas del atentado contra la AMIA. “Hay un registro de montos indemnizatorios de la Cámara Civil que, en base a la edad, profesión y otros parámetros, indica en forma aproximada el valor de una vida. Nosotros ofrecemos la colaboración de la facultad para que los legisladores puedan brindar una solución inmediata a esas familias que están decapitadas, que quizá no pueden comer porque perdieron a un familiar”, expresó Atilio Alterini. “Esto garantiza una reparación integral mínima, más allá de que la persona opte por otra vía”, aclaró Carlos Alberti, presidente del Colegio Público de Abogados porteño.
Tras expresar su consternación por las muertes y los graves daños personales producidos, reclamaron a las autoridades “que se establezcan de manera rápida las responsabilidades de toda índole, por acción o por omisión, y que se apliquen las sanciones correspondientes”.
El Servicio de Asistencia a los Damnificados y a Familiares de las Víctimas del Siniestro del 30 de diciembre de 2004 se prestará durante el mes de enero, de lunes a viernes de 14 a 18, en Figueroa Alcorta 2263, y consistirá en un consultorio gratuito para informar sobre los mecanismos legales disponibles tanto en sede judicial (penal, civil y contencioso) como administrativa, atendido por docentes de la Facultad de Derecho de la UBA; el patrocinio jurídico gratuito de la misma facultad a quienes carezcan de recursos para intervenir en juicios penales y civiles; lainformación del Colegio de Abogados sobre los letrados inscriptos en su matrícula y una clínica de urgencia para la contención de las víctimas y sus familiares que concurran a realizar consultas legales, prestada por un equipo de psicólogos de la Facultad de Psicología de la UBA.
Alterini, Alberti y Benyakar, junto a la vicedecana de la Facultad de Psicología, Graciela Filippi, la subdirectora de Derecho Penal de la UBA, Lucila Larrandart, el subdirector de Derecho Público. Gregorio Flax, y el director de Práctica Profesional, Juan Gauna, destacaron que “la intervención de la universidad se justifica por su autonomía en relación con los poderes públicos, que asegura a sus docentes la más amplia independencia de criterio”. Alterini agregó que “la neutralidad académica es fundamental en estos tiempos en que se mezclan intereses sectoriales y razonamientos políticos”.