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El fiscal federal Luis Comparatore pidió que la Justicia civil determine si Emilio Eduardo Massera está en condiciones de disponer de sus bienes. Lo hizo en base a un último informe médico sobre la salud del dictador, en el que se especifica que el Almirante Cero está incapacitado para declarar. El informe había sido solicitado por el mismo fiscal, quien en octubre del año pasado había considerado que el juicio contra Massera debía ser interrumpido debido a que el represor no estaba en condiciones de enfrentarse a un proceso judicial. Comparatore señaló en este nuevo escrito que la pesquisa debe ser suspendida pero no clausurada y que deben realizarse exámenes trimestrales hasta que se establezca que el represor pueda responder ante la Justicia. La última palabra será de la jueza María Servini de Cubría.
El fiscal consideró que la justicia civil debe precisar si Massera es capaz de tomar decisiones acerca sus bienes o si debe designársele un representante legal y curador. Comparatore tomó esa decisión ante los resultados de un examen médico efectuado a Massera, donde se concluyó que no puede declarar en una causa penal por los “trastornos psiquiátricos” que padece.
“El informe de la junta médica dice que está incapacitado para declarar, no que es ‘incapaz’. De todas formas, como en todos estos casos, corresponde que la Justicia civil intervenga para el resguardo de los bienes y la persona. Pero la decisión sobre la continuidad de la causa contra Massera sigue siendo de la jueza”, resumió un funcionario con acceso al expediente.
Comparatore sugirió que Servini de Cubría solicite informes psiquiátricos cada tres meses para “determinar el momento en el cual el nombrado recupere su estado mental, a los efectos de proseguir” la investigación.
Las idas y vueltas sobre la posibilidad de interrumpir el proceso contra Massera comenzaron después del ataque cerebral que sufrió el dictador en diciembre de 2002. Luego del derrame, sus abogados se presentaron ante Servini de Cubría con el argumento de que el represor estaba “mentalmente impedido de ejercer su defensa en juicio por incapacidad sobreviviente”. Es decir, reclamaban que se lo declarara inimputable y se cerrara –en lo que a él respecta– la investigación sobre el secuestro y la apropiación de Javier Penino, nacido en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
La jueza rechazó el pedido y la Cámara Federal confirmó esa decisión. Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo señalaron que la pesquisa debía continuar pero que, cuando se clausurara el sumario, el cuerpo médico forense debía determinar si Massera podía afrontar el juicio, que en este caso no será oral y público porque la causa tramita por el código viejo. Por eso, ahora la magistrada debe definir si cierra el caso, lo pospone o sigue adelante y condena a Massera.
La investigación sobre el caso de Javier Penino está terminada. El joven es hijo de José Penino y Cecilia Viñas, que fue secuestrada en julio de 1977, cuando estaba embarazada de siete meses. El niño fue apropiado por el represor Jorge Raúl Vildoza, que está prófugo desde hace años.
Durante su secuestro, Cecilia Viñas se comunicó en varias oportunidades con su familia. Los llamados telefónicos llegaron hasta 1984. Además de Massera y Vildoza, también están imputados en la causa los represores Antonio Vañek, Jorge Eduardo Acosta y Héctor Antonio Febres. Para ellos no se paralizará el proceso.