[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La disputa entre la CTA y el Ministerio de Trabajo por el otorgamiento de la personería gremial aparece inscripta en los forcejeos en torno de la política salarial del Gobierno. El Consejo del Salario, puesto en marcha por este mismo gobierno hace poco más de medio año, ya lleva casi tres meses sin reuniones plenarias. En sustitución de los encuentros multisectoriales obrero-patronales en el Ministerio de Trabajo, la UIA y la CGT optaron por mantener negociaciones en paralelo. A juicio de la central que encabeza Víctor De Gennaro, la negativa de la cartera laboral a reconocerle la personería gremial a la CTA es funcional a esa concentración del poder de negociación en las dos entidades tradicionales, con fuertes puntos de contacto entre sí.
“El ministro de Trabajo politizó el expediente, dejándose influir por la UIA y Daniel Funes de Rioja”, se quejó Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la CTA, al ser consultado acerca de las razones a las que atribuyen que Carlos Tomada haya frenado el trámite de otorgamiento de la personería gremial a la central sindical alternativa. La CGT reclama ser reconocida como central única y Funes de Rioja, asesor jurídico de la UIA, es sospechado de estar operando en ese sentido. Es innegable que la central empresaria prefiere a Moyano como interlocutor antes que a De Gennaro.
Un alto dirigente de la UIA, en diálogo con Página/12, no ocultó su preferencia por los encuentros “a solas” con la CGT frente a la alternativa de la mesa amplia que se reúne en el Ministerio de Trabajo. “Es mucho más ejecutivo, con la CGT llegamos enseguida a acuerdos”, dijo con una sonrisa. En cambio, la presencia de otros representantes sindicales –CTA– y empresarios –Apyme, Federación Agraria, CEEN– les quita “dinamismo” a esos acuerdos.
La cartera laboral reivindica la participación de todas las organizaciones. De hecho, presionó sobre la CGT para que aceptara repartir la representación gremial con la CTA. Sin embargo, en los hechos, dejó caer al Consejo del Salario en la inactividad más absoluta, mientras avanzan las negociaciones paralelas entre la UIA y la CGT.
Vistos los niveles de rentabilidad empresaria (ver nota en esta misma página), el margen para la implementación de una política de redistribución de ingresos es más que amplio. Los ajustes de remuneraciones por decreto han sido el principal factor de mejora de los ingresos de los trabajadores, pese a las nutridas utilidades empresarias. Se corrobora, una vez más, que la teoría del derrame no es más que una ilusión, cuando de ganancias capitalistas se trata.
Pero, además, el Gobierno parecería estar haciendo menos de lo que puede para mejorar la distribución del ingreso. No sólo por no promover más mejoras en los ingresos de los trabajadores, sino porque además estaría poniéndoles “techo” a los aumentos de salarios negociaciones en paritarias. Según fuentes sindicales, el Ministerio de Trabajo se niega a homologar aumentos que pasen de cierto límite –que difiere según la rama de actividad– supuestamente sugerido por su par de Economía. Un ejemplo de ello, dicen, es el del gremio aceitero de Rosario, al que Trabajo no le homologó un convenio salarial con la firma Molinos Río de la Plata porque excedía el monto de aumento previsto.
La concentración económica heredada de los ’90 no ha desaparecido. Incluso, se verifica que los sectores más concentrados fueron los primeros en recuperarse cuando pasó la crisis, y hoy son los que recogen mayores beneficios de la reactivación. La negociación circunscripta a dos actores, la UIA y la CGT, reproduce ese modelo de concentración. Y le es funcional. La participación de otros actores supone abrir la posibilidad de discutir la política de distribución del ingreso. La UIA y la CGT resisten a puertas cerradas. Pero pudiera ser que Tomada tuviera una copia de la llave. Habrá que ver si se decide a usarla para posibilitar la entrada de otros actores.