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En el corazón del barrio San Martín, uno de los más populares de la capital cordobesa, separado del centro de la ciudad por el puente Avellaneda que cruza el río Suquía, se vivía hasta el cierre de esta edición una situación desesperante, con familiares de los presos desperdigados por los alrededores de la cárcel, mientras los vecinos de esta barriada decidían abandonar las calles, cerrar sus casas y apagar las luces, temerosos del desenlace que pudiera alcanzar el motín que desde las 15 de ayer tiene a toda la provincia conmocionada. El viejísimo penal tiene una capacidad para 930 reclusos, pero cumplen sus condenas alrededor de 1700, casi el doble de lo permitido.
“Hacé algo por favor, metete adentro y deciles que dejen de matar, que no son animales, son seres humanos”, increpaba llorando a este cronista Blanca, madre de uno de los reclusos, mientras corría desesperada por la calle Paso de Uspallata, una de las cuatro arterias que bordea la Unidad Penitenciaria de San Martín, donde hasta las últimas horas de ayer un gigantesco motín de reclusos puso a la ciudad en vilo, con un saldo de 9 muertos y 25 rehenes, según información oficial brindada por las autoridades de la policía y la Justicia de Córdoba.
Indignada por la situación en la que los reclusos cumplen su condena, Blanca fue desalojada por la policía de las inmediaciones de la cárcel, que decidió correr a todos los familiares hasta dos cuadras a la redonda “para que no provoquen incidentes”, según testimonios de la Guardia de Infantería de la Provincia.
“No son chanchos, no los pueden tratar así”, se quejaba Cintia, quien tiene a su hermano dentro del penal. “Ayer lo fui a visitar y no tenían agua, había un olor a mierda que no se aguantaba. Encima con el calor que hace... Además, nos humillan cada vez que nos requisan y nunca les entregan la comida que les traemos. El hecho de que hayan cometido un delito no significa que los presos no tengan derechos. Es una vergüenza las condiciones de vida en esta cárcel.”
Como si se tratara de una ciudad abandonada, los vecinos de barrio San Martín, uno de los sectores con más historia de esta capital, presenciaban el conflicto encerrados en sus casas, con las luces apagadas. Salvo algunos curiosos que llegaron hasta las inmediaciones del penal, los que circulaban por las oscuras calles del sector eran los familiares de los reclusos, que en distintos grupitos padecían con angustia e incertidumbre la suerte de lo que ocurría en la cárcel más vieja de Córdoba. “Todavía hay familiares adentro, que quedaron atrapados en el motín”, denunciaba ante este cronista María, mientras el fiscal general de la provincia confirmaba que eran 50 los familiares que quedaron dentro del penal.
“La comida es asquerosa y cada vez que los vamos a visitar tenemos que aguantar que nos maltraten. Encima ahora nos quieren pedir los carnet de identidad para poder ir a visitarlos”, protestaba con la cara en llanto Rosario, una mujer embarazada que tuvo que ser sacada por la fuerza de la puerta del penal.
Después de casi ocho horas de tiroteos entre reclusos y distintas fuerzas de la policía provincial y Gendarmería Nacional, la principal preocupación de los familiares y de todos los que estaban en el lugar era conocer cómo el gobierno iba a resolver el conflicto. Información que hasta el cierre de esta edición ninguna autoridad de la provincia pudo confirmar.