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Las disputas de competencias entre distintas áreas de la administración central, entre otros obstáculos legales, dejaron boyando por las oficinas públicas el expediente con los multimillonarios reclamos que se cruzan el Estado y las anteriores concesionarias de peaje. Aún no hay un resultado definitivo de esa “compensación” que se viene discutiendo desde antes de reprivatizar las rutas nacionales. Pero según sugieren oficiosamente fuentes públicas, ésta arrojaría un saldo a favor de las arcas estatales cercano a los 150 millones de pesos que, de mantenerse el actual estado de cosas, resultará una deuda condonada de hecho a las más grandes constructoras del país.
Este núcleo de firmas está integrado, entre otras, por Roggio, Techint y Sideco Americana (Macri), que hasta octubre del 2003 operaron por trece años las rutas nacionales privatizadas. Cuando los contratos expiraron, esos consorcios se retiraron con cuantiosas inversiones incumplidas de las que se hizo cargo la Dirección Nacional de Vialidad: desde entonces ejecuta obras por 500 millones de pesos en cinco años, sólo para compensar las faltas privadas, que también dieron lugar a multas aún impagas.
A esta acreencia estatal las empresas contraponen un reclamo millonario por subsidios no cobrados y algunos ajustes de tarifa que hubieran correspondido por contrato, pero que no fueron autorizados, dando lugar a un pleito del que nadie quiere hacerse cargo.
El Organo de Control de la Concesiones Viales transfirió de inmediato el tema a la Unidad de Renegociación, con el argumento de que los contratos firmados por el ministro menemista Roberto Dromi (y revisados sucesivamente a posteriori) estaban bajo discusión en el momento que se relicitaron las rutas. La UniRen asegura que su competencia se limita a rediscutir los acuerdos con privatizadas en la medida que fueron afectados por la emergencia económica del 2002, situación en la que no encuadran a los peajes originales. Tanto es así que en un informe sobre su gestión que prepara para el Banco Mundial, su titular, Gustavo Simeonoff, directamente excluyó la referencia a esos acuerdos.
El derrotero de ese expediente es difícil de reconstruir aún para quienes se supone que tienen responsabilidad ineludible en esta cuestión, pero lo cierto es que recaló en el Ministerio de Justicia, pasando por la Procuración del Tesoro. Sucede que existe al menos una causa tramitada ante la Oficina Anticorrupción en la que se analiza el desempeño de funcionarios de otros gobiernos que intervinieron en algunas de las varias renegociaciones de estos contratos. Según afirmaba ayer a Página/12 un empresario involucrado, hasta que cuestiones como éstas no estén definitivamente zanjadas no puede haber ningún acuerdo de partes.
Los abogados públicos llegaron a planear una eventual acción de “lesividad” por la cual el Estado puede cuestionar y poner en revisión sus propias decisiones si juzga que éstas lo perjudicaron. En este caso, la mira estaría puesta en uno de los decretos que en plena Convertibilidad habilitó una serie de aumentos, y que sería cuestionado por el hecho de quebrantarla. Pero la presentación de este recurso no llegó a formalizarse, ya que en las propias oficinas públicas cundió el temor de que pudiera volverse en contra y terminar sumando a la pretendida indemnización de los privados. “Una cuestión es una indexación (prohibida en el 1 a 1) y otra un escalonamiento de precios”, conjeturaba un especialista ayer a este diario.
A pesar de tanta incertidumbre sobre el tema, el titular del Occovi asegura que los intereses del Estado están a salvo, ya que las garantías de aquellos viejos contratos aún están en pie. Esos avales equivalen a un año de recaudación que, según estima Claudio Uberti, es algo así como unos 250 millones de pesos, suficientes para cubrir el saldo que presuntamente quedaría a favor del Estado.
Las rutas volvieron a privatizarse, pero con un esquema diferente. Los privados operan y mantienen sin cobrar subsidios y el Estado hace las inversiones mayores con fondos propios, contratando por el sistema tradicional. Aquí la ventana por la que vuelven a entrar al negocio las constructoras que hoy tienen deudas importantes a riesgo de esfumarse en los vericuetos burocráticos.