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Aguas Argentinas elevó ayer al Gobierno lo que consideró una “última y definitiva propuesta” para renegociar su contrato bajo una velada amenaza de abandonar la concesión o tomar alguna otra represalia si no tuviera una respuesta satisfactoria antes del 26 de julio, fecha prevista para la próxima reunión de directorio. “El único plazo que tiene el Gobierno para la renegociación es el otorgado por el Congreso”, replicó Julio De Vido, en alusión al 31 de diciembre de este año. El clima es belicoso, pero no necesariamente de ruptura. El grupo liderado por Suez resignaría su pretensión de tener un aumento tarifario este año a cambio de un subsidio, tal la cuestión medular de aquella presentación no difundida.
“Después de tres años de incertidumbre y de esfuerzos por parte de los empleados y de los accionistas, la situación operativa y financiera de la empresa no permite seguir asegurando en forma satisfactoria a sus clientes la continuidad y calidad de los servicios”, advierte el comunicado empresario de la empresa, en el que el consorcio sostiene que podría “considerar otros cursos de acción” si no se aceptara su última proposición antes de aquella fecha. El Gobierno no se mueve con amenazas de plazos. Vamos a seguir hablando, pero sin plazos”, sentenció el ministro de Planificación.
Estos escarceos verbales expresan una tensión genuina entre las partes que, sin embargo, no están impedidas de un acuerdo. En materia tarifaria, Aguas reclamaba dos aumentos del 20 por ciento, el primero de ellos en agosto de este año. La Unidad de Renegociación le ofreció 15 y 20, pero a partir del próximo, más otros incentivos para seguir mejorando el precio del servicio en el corto plazo, como ajustes por “mayores costos” y hasta el singular parámetro de “la mejora del poder adquisitivo de la población”: si éste subiera por encima del 10 por ciento (básicamente por mejoras salariales), la empresa también tendría derecho a aplicar un reajuste.
Otra discrepancia neurálgica se generó en torno del manejo del plan de inversiones. El Estado aspira a tener una importante injerencia no sólo en la definición de los programas a ejecutar, sino también en el manejo de los recursos, capturando para sí parte de los ingresos tarifarios. Esta pérdida parcial de la caja, junto al menoscabo del poder de decisión sobre qué hacer con ella, poco simpatizó a la sociedad que los franceses de Suez lideran junto a los españoles de Aguas de Barcelona.
Pero tanto esta cuestión como la fecha del primer aumento son cuestiones menores en relación con la abultada deuda de alrededor de 600 millones de dólares que acumuló la compañía. Para afrontarla, reclamó un crédito blando de un banco estatal, en principio de 800 millones de pesos, reducidos luego a 300. Pero ni siquiera frente a esa moderación del pedido Roberto Lavagna accedió, en parte porque no habría manera legal de justificar esa dádiva financiera a una empresa que desde el punto de vista técnico está quebrada.
En la última propuesta escrita que Aguas elevó al Gobierno –anterior a la de ayer– ya había planteado con todas las letras y sin éxito la idea con la que ahora insiste: obtener algún subsidio que le permita afrontar la coyuntura financiera. “No nos dan los números para llegar a fin de año”, es la catastrófica advertencia que se escucha desde las oficinas de la adjudicataria, donde especulan con que la voluntad oficial podría relajarse en un período preelectoral.
La gran pregunta es si el “otro curso de acción” aludido por la empresa en el comunicado de ayer se refiere inequívocamente a la supuesta voluntad de abandonar la concesión, tal como Suez está haciendo con otros negocios en la Argentina, a los que accedió vía privatizaciones. Terminar con este vínculo no es una alternativa fácil para ninguna de las dos partes, habida cuenta de que se trata de un servicio público esencial. Esto entraña ciertas exigencias legales para la concesionaria y para el Estado la obligación de garantizarlo. Algo que hoy no podría hacer.
En el supuesto caso que la sociedad liderada por los franceses quisiera dejar la licitación, existe el atajo de vender su parte a un socio. Pero hasta ahora la búsqueda de un inversor, al menos local, no fue demasiado fructífera. En cualquier caso, Suez y Aguas de Barcelona realizaron su apuesta ante el Ciadi, tribunal arbitral del Banco Mundial, donde ambos accionistas demandaron por montos multimillonarios a la Argentina por la vulneración de sus contratos.