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El Gobierno acordó con el frente de gremios estatales un aumento de sueldos para el 65 por ciento de los empleados del sector público. El convenio se firmó ayer por la tarde luego de más de tres meses de negociaciones. El incremento rige desde el 1º de este mes y varía según el nivel de remuneraciones actuales: quienes ganan hasta 1250 pesos lograron la incorporación a sus haberes de los 250 pesos que hasta ahora cobraban como suma fija no remunerativa, más una suba de entre 9 y 15 por ciento según la categoría, mientras que los que tienen salarios por arriba de 1250 pesos obtuvieron un aumento promedio del 20 por ciento. El Ejecutivo “está empeñado en mejorar los ingresos de los sectores que quedaron rezagados, pero sin descuidar la economía”, destacó Alberto Fernández. “Es menos de lo que pedíamos, pero es un paso adelante”, juzgaron los gremios del sector público.
La presencia del jefe de Gabinete y de los ministros Roberto Lavagna, Carlos Tomada y Aníbal Fernández en la conferencia de prensa en la que se formalizó el anuncio demuestra la importancia que le asigna el Gobierno a la cuestión. El acuerdo le despeja una situación de permanente y creciente conflicto, que afectaba la imagen del Gobierno en un año electoral. En la Casa Rosada admitieron su fastidio por la poca trascendencia mediática que tuvo el tema a esa hora, cuando toda la atención estaba puesta en lo que ocurría en Londres.
El aumento es para unos 170.000 trabajadores, contando 35.000 empleados de la administración pública central que integran el denominado Sistema Nacional de Profesión Administrativa (Sinapa), 40.000 militares, 23.000 civiles de las Fuerzas Armadas, 37.000 policías, 22.000 gendarmes, 10.000 hombres pertenecientes a la Prefectura, 2000 a la Policía Aeronáutica y 1000 profesionales de la salud. El ministro de Trabajo aclaró que en el caso de los militares, el incremento es sólo para aquellos que están en actividad. Los retirados quedaron al margen por una cuestión presupuestaria. Tampoco fueron incluidos los contratados de la administración central, sino aquellos que revisten en planta permanente y transitoria y los 9000 empleados que serán blanqueados hasta septiembre.
Tomada destacó otros elementos del anuncio. En primer lugar, que la suba para aquellos que ganan más de 1250 pesos termina con 13 años de congelamiento de sus haberes. Para este sector, las subas oscilan entre 15 y 25 por ciento, lo que da un promedio del 20. Las diferencias se explican por el régimen que estructura el funcionamiento del empleo público, dividido en categorías y con diferentes adicionales según antigüedad, formación, aplicación del título universitario, entre otros. En segundo término, el titular de la cartera laboral remarcó que “es la primera vez desde que se creó la paritaria nacional para los empleados del Estado que se establece un aumento por acuerdo de las partes”.
Las negociaciones seguirán ahora con los otros trabajadores estatales que quedaron excluidos de este arreglo. Se trata de los que se desempeñan en los organismos descentralizados como la AFIP, la Anses, la CNEA, el Conicet y el Indec, entre otros. A partir de ayer se abrió la paritaria de los convenios colectivos de esos sectores, que tienen escalas salariales distintas al resto de la administración pública.
Otro elemento del anuncio de ayer es que se extendió el adicional por título profesional a las categorías A, B y D. El paquete global tendrá un costo fiscal de 880 millones de pesos anuales, según precisó Lavagna. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), sindicato que encabezó la mayor parte de los últimos paros en el sector, indicó que “el aumento está por debajo de lo que pedíamos, que era cubrir el desfasaje que se produjeron en los sueldos desde la devaluación. La caída llega al 27,5 por ciento y nos dieron un 15 por ciento en promedio. Si bien no es la recuperación que queríamos, es un paso adelante”, señaló a este diario Pablo Micheli, secretario general del gremio. El conflicto se trasladará ahora de la Nación a las provincias, adonde los sindicatos tendrán mayor margen para reclamar una mejora en sus salarios.