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Abraham Gak es director del proyecto estratégico Plan Fénix, un grupo de economistas e intelectuales de la Universidad de Buenos Aires que ofrece su propia receta para los problemas nacionales. Su carácter distintivo es el espíritu crítico, como quedó demostrado en las jornadas de reflexión del martes al viernes últimos. En este reportaje con Página/12, Gak examina la política económica del Gobierno y se sumerge en los ásperos temas de debate de estos días: el dólar, la inflación, los salarios, las retenciones, el FMI y, especialmente, la distribución del ingreso.
–¿Coincide con Lavagna en que hay que defender el actual tipo de cambio?
–Nuestra posición es exactamente ésa. Necesitamos una paridad que nos permita ser competitivos. Es más, en el corto plazo el Gobierno debería tender a subir un poco el dólar para evitar que las importaciones sigan creciendo más que las exportaciones. De lo contrario, el riesgo de un stop and go (freno y arranque de la economía) no sería tan lejano.
–¿Qué pasaría si el dólar bajara a 2,40, como pide el Fondo?
–Tendríamos graves dificultades. Habría una reducción de ingresos fiscales, por menor recaudación de las retenciones, y un freno al crecimiento, lo que también achataría el superávit. Lo insólito es que el FMI nos pide al mismo tiempo un aumento de excedentes presupuestarios para pagar la deuda.
–Algunos economistas prevén hacia fin de año un dólar por debajo de 2,75 y otros dicen que estará más cerca de los 3 pesos. ¿Usted qué cree?
–No me gusta hacer vaticinios. Lo necesario es un tipo de cambio competitivo.
–¿Las intervenciones del Banco Central para sostener la paridad generan inflación?
–No, de ningún modo. Es una falacia. El Banco Central retira parte de la emisión a través de bonos. Además, todas las variables macroeconómicas están controladas y no justifican un aumento de precios. La inflación tiene otros orígenes.
–¿Cuáles?
–Por un lado, hay sectores que quedaron rezagados después de la devaluación, como el comercio y los servicios, que están recomponiendo márgenes. Es parte de la puja distributiva. Otro aspecto fundamental es que la Argentina está bajo un régimen oligopólico. Me causó gracia cuando los supermercadistas dijeron que no son formadores de precios. El sector del capital se apropia de la mayor parte del ingreso nacional. La Argentina supo tener una distribución mitad y mitad entre capital y salarios. Hoy el sector asalariado apenas si alcanza el 20 por ciento.
–Lavagna dice que los aumentos de sueldos son inflacionarios.
–Tampoco, de ningún modo. Me parece que Lavagna busca, equivocadamente, evitar un clima de conflictos en medio de la campaña electoral. Desde los sectores empresarios se intenta frenar los reclamos sindicales. Los salarios siguen deprimidos, el empleo en negro no disminuyó y la distribución del ingreso es tan regresiva como en los ’90. En eso no hemos cambiado. La política de precios permanece en manos de las corporaciones. Las tres cuartas partes de las 200 empresas más grandes del país son transnacionales.
–El Plan Félix postula la creación de un modelo de desarrollo con equidad. En una escala de 0 a 10, ¿en qué nivel estamos en distribución del ingreso?
–En uno.
–¿Tan poco?
–Y si no cambió nada. Estamos en una relación de 30 veces a 1 entre los ingresos del decil más rico y el decil más pobre. Hubo una pequeña mejora, pero insignificante. La lógica de la distribución no varió.
–¿Se sentiría conforme si el Gobierno hiciera qué cosas en los próximos dos años?
–Lo esencial es la reforma impositiva. Es la herramienta más importante para establecer patrones de distribución equitativos. El mayor peso de la carga tributaria debe recaer sobre la renta, no sobre el consumo. No puede ser que la renta financiera siga exenta.
–¿Qué otros instrumentos servirían para mejorar la distribución?
–Terminar con el empleo en negro, disponer de un subsidio universal por hijo y a la vejez, como planteó el Frenapo hace años. Esa sería una herramienta muy importante, que es posible de implementar. La oferta pública de salud y educación debería mejorar sensiblemente. Una cosa es hablar de la crisis educativa y otra hacer lo necesario para resolverla. No pedimos nada de la noche a la mañana, pero no vemos al Gobierno encaminado en la búsqueda de soluciones de fondo. Si la Ley Federal de Educación sigue estando ahí tendremos siempre una Argentina de primera, de segunda y de tercera.
–¿Qué es lo mejor y qué lo peor de la política económica?
–Dos aclaraciones. Primero, admito que una cosa es opinar y otra gobernar. Segundo, la economía no se puede mirar de manera aislada. Ahora, en cuanto a lo positivo, la decisión de recuperar un rol activo para el Estado es fundamental. En ese aspecto hay un cambio importante, si bien falta mucho. Se nota que todavía no hay suficiente capacidad de gestión, y aún no se han restablecido mecanismos regulatorios del tipo de la Junta Nacional de Granos. Otro aspecto positivo es cómo se renegoció la deuda. La política de tipo de cambio competitivo también está bien. En cuanto a lo negativo, lo peor es la persistencia de una lógica de distribución del ingreso regresiva, con todo lo que eso implica. Después, el mayor problema es que no hay un patrón orgánico de desarrollo.
–¿Es necesario un acuerdo con el FMI?
–Es necesario bajo determinadas condiciones. La refinanciación de los vencimientos es conveniente siempre y cuando no sea a costa de las líneas fundamentales de la política económica.
–¿El Gobierno hace bien en seguir pagándole al FMI?
–Yo no le pagaría. Tengo noción de las dificultades que traería, pero me parece la mejor estrategia de negociación.
–¿Cuál es su posición en el debate por las retenciones?
–En el Fénix estamos completamente a favor. Debe haber retenciones por varios motivos. Desde un punto de vista ideológico, porque la renta de la tierra pertenece a la comunidad. La tierra es preexistente al manejo de quienes la explotan. Segundo, para controlar la inflación. Tercero, para afianzar la recaudación. Cuarto, porque es legítimo que el Estado se apropie de una porción de la suba del dólar y la distribuya entre quienes más sufrieron por la devaluación. Es cierto que no es el sistema perfecto, porque no diferencia por tamaño de productores. Lo ideal sería un impuesto a las ganancias progresivo. Pero antes hay que resolver el problema de la evasión rural.