[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

“Las consecuencias para la Argentina son nefastas”, afirma Gabriel Casaburi, de Fundación Mediterránea, respecto de la nueva ley agrícola estadounidense. “No sólo aumentó la autorización presupuestaria para gastar en programas agrícolas del gobierno –detalla–, sino que introdujo subsidios directos a la producción, abandonados en 1996.” El giro impreso por el presidente Bush eleva los subsidios e introduce nuevos programas de apoyo para productos que la Argentina también exporta a terceros países, e inclusive a los Estados Unidos. La superpotencia podrá gastar en subsidios nada menos que 82.819 millones de dólares anuales. Si en cambio fueran eliminados los subsidios agrícolas, especialmente cuantiosos en la Unión Europea y Estados Unidos, el valor de las exportaciones totales argentinas aumentaría como mínimo un 25 por ciento. Cuando Casaburi, ex subsecretario de Desarrollo Productivo, calculó este número dos años atrás, el impacto que ese incremento exportador podía tener sobre el Ingreso Nacional argentino y sobre el balance fiscal era mucho menor que el que tendría hoy, con el nuevo tipo de cambio real. Pero si hace dos años cabía cierto optimismo respecto del comercio de agroalimentos, porque el Freedom to Farm Act (libertad para cultivar) sancionado en 1996 permitía esperar un tráfico más libre, “la nueva ley que promulgó el presidente Bush el lunes 13 de mayo deshizo tal progreso, atrasando el reloj muchos años y perjudicando notablemente a nuestro país”. Sin embargo, la Argentina dio “una respuesta tímida” a la decisión norteamericana, probablemente para que Washington no se vengue a través del FMI. A cosas como ésta suele llamarse dependencia.
La necesidad de George W. Bush de consolidar su control en el Congreso en los próximos comicios parlamentarios de noviembre lo llevó –según el experto mediterráneo– a ceder frente a los lobbies de los estados agrícolas, cruciales en estas elecciones. “Así, la Administración Bush suma otra contradicción flagrante con su proclamada adhesión al libre comercio a aquella generada con la imposición de restricciones a las importaciones de acero, sancionada hace pocas semanas” (ver comentario adjunto coincidente de Paul Krugman).
En el caso agrícola, explica Casaburi, “la maraña de programas de apoyo vuelve a todo el sistema (de subsidios) casi inescrutable, plagado de eufemismos en los nombres y las intenciones declaradas”. La ley de 1996 había mejorado esta situación sólo parcialmente, dejando en pie un arsenal de instrumentos incompatible con una mínima noción de libre comercio. “Que su principal contendiente en el mundo del comercio agroalimentario, la Unión Europea, sea un pecador aún más reprochable –señala el trabajo– permitió a Estados Unidos enfrentar las críticas mundiales con el argumento de que sólo se estaba defendiendo de la agresión europea.”
Lo ocurrido a partir de 1996 es descripto vívidamente por Casaburi: “Los farmers abrieron la puerta un poco, sintieron apenas el frío rigor del mercado que los chacareros argentinos enfrentan desde hace décadas, y se lanzaron a rogar que Washington les cerrara la puerta otra vez”. El Freedom to Farm Act introducía mucha más libertad para que los agricultores explotaran sus campos como mejor les conviniera según precios y condiciones del mercado, eliminando toda imposición de qué y cuánto sembrar. Esta nueva libertad permitió avanzar hacia nuevos cultivos y disminuir la dependencia del maíz, especie estrella del cinturón agrícola norteamericano.
Pero Casaburi apunta que “junto a la libertad vino asociado el riesgo de perder en la apuesta, como en cualquier otra empresa capitalista”. Y, de hecho, muchos perdieron, por las distorsiones que persisten en el comercio global agrícola. Por tanto, los precios internacionales permanecen artificialmente bajos. La holgura presupuestaria de los últimos años posibilitó que fluyeran ayudas a los colonos, sobre todo desde la caída de los precios de los granos en 1998. Y cuando llegó la hora de aprobar un nuevo plan plurianual de gastos con la ley agrícola 2002, no sólo se subióla autorización presupuestaria para gastar en programas agrícolas del gobierno, sino que se introdujeron subsidios directos a la producción, abandonados en 1996. Estos atañen a rubros tan sensibles para la Argentina como la miel, el maní y los lácteos.
En la actualidad, Brasil, la Argentina y Estados Unidos controlan el mercado mundial de la soja. “Un precio sostén (en EE.UU.) más alto que el precio mundial –explica Casaburi– manda una errónea señal a los farmers, que luego deprimen los precios mundiales con su sobreproducción, lo que obliga a mayores subsidios, en un pernicioso círculo.”