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Néstor Kirchner trasladó el clima eufórico de la campaña hacia adentro del Gobierno. A menos de un mes de las elecciones, un grupo de funcionarios del ala neokeynesiana de la administración ya está trabajando a pleno pensando en el 24 de octubre. El jefe de Estado los alienta. “Voy a tomar medidas heterodoxas”, les asegura en la intimidad de su despacho. Tienen varios proyectos en carpeta. La mayoría apunta a un mayor protagonismo del Estado y a implementar un shock de inversiones en el sector productivo. En la lista de iniciativas figura la utilización de reservas del Banco Central para fomentar obras públicas y una reformulación del sistema de jubilación privada. También se analiza un incremento en los subsidios a las tasas de interés, con el objetivo de aumentar el stock de créditos a empresas y particulares. Y un refuerzo de los controles de precios en el nivel mayorista.
Kirchner se guarda, también, según dicen esos funcionarios, un as en la manga: un aumento generalizado para los jubilados.
Los funcionarios que vienen trabajando en la agenda post elecciones se definen como kirchneristas ciento por ciento. “El Presidente nos dijo que quiere tomar medidas para consolidar el crecimiento económico. Se analiza la viabilidad de distintas iniciativas a favor del sector productivo. Después, la palabra final la tendrá Kirchner”, comentó a Página/12 un colaborador cercano al jefe de Estado que pidió reserva de su identidad.
Este diario consultó a fuentes de la Rosada y del Palacio de Hacienda, lo que le permitió reconstruir las diferentes iniciativas que se evalúan en diferentes despachos.
- Usar reservas del Banco Central para obras de infraestructura. Kirchner está entusiasmado con esta posibilidad, aunque no deja de lado la idea que las divisas acumuladas en el BCRA son un fuerte respaldo estratégico a su gestión. Se necesitaría una modificación de la Carta Orgánica de la autoridad monetaria. Una de las ideas es que las reservas formen parte de un fideicomiso.
- Avanzar sobre algunos privilegios de las AFJP. La iniciativa es que las administradoras inviertan en proyectos productivos de largo plazo, y disminuyan drásticamente el flujo de ahorros de los futuros jubilados hacia activos financieros. El Gobierno quiere que las AFJP sean socias en el crecimiento y no especuladores del crecimiento. Esas empresas recaudan alrededor de 380 millones de pesos mensuales.
- Incentivos impositivos. Ya se anunció que las pymes que reinviertan parte de sus utilidades pagarán menos de impuesto a las Ganancias.
- Créditos subsidiados. Ya está decidido que el Estado bonificará una parte de las tasas de los créditos hipotecarios. Hay un proyecto para ampliar ese beneficio a las empresas. Sería a través de una asociación entre un banco estatal (se menciona el BICE) y otro privado.
Un ejemplo sirve para ilustrar la iniciativa: sobre un crédito a ocho años, el Estado subsidiaría entre seis y siete puntos de la tasa, de manera que la empresa pueda financiar un proyecto al 8 o 9 por ciento anual. Además, el banco privado prestaría a cuatro años mientras que los otros cuatro años serían costeados por el banco público. Este modelo permitiría agilizar los créditos de largo plazo, que no son atendidos por las entidades financieras privadas porque, argumentan, existe un descalce entre la vida promedio de sus pasivos con la de sus activos. En el Gobierno existe preocupación porque la mayor parte de los préstamos bancarios son de cortísimo plazo, ya sea de consumo para los individuos o adelantos en cuenta corriente o descuentos de cheques en el caso de las empresas. Los funcionarios se entusiasman con que la nueva etapa debe caracterizarse por el estímulo a la inversión.
- Precios. Quieren una mayor intervención del Estado en el control a los sectores más concentrados, que fijan los precios a la cadena productiva y comercial. En la mira están los rubros siderúrgico y petroquímico. Algunos incluso piensan en que se podría abrir la economía para esos sectores, de manera de presionarlos a que bajen sus costos. Los perjudicados son los fabricantes de los bienes finales, como textiles, maquinaria y gráficos, por citar algunos pocos ejemplos. Sin bien en los últimos meses se conocieron multas a algunos productores que abusaron de su posición dominante (cementeras), la medida implicaría un cambio en la estrategia en el tema precios.
- Reestructuración de los planes sociales. Se piensa en acelerar el proceso. Es uno de los temas que más discusiones genera. Los funcionarios autodenominados kirchneristas quieren un aumento en los subsidios por desempleo y la reconversión de los planes Jefas y Jefes en el Plan Familias, de manera de universalizar la ayuda. Argumentan que esta es la única manera de acelerar una solución para el flagelo de la pobreza. Que la batalla que debe dar el Gobierno no debe limitarse a disminuir a un dígito la tasa de desempleo para el largo plazo. Mientras tanto, la urgencia pasa por eliminar la indigencia. En la actualidad hay tres millones de personas indigentes.
- Jubilaciones. Los funcionarios más identificados con Kirchner aseguran que el Presidente dará luz verde a un aumento generalizado. Desde la devaluación hubo siete ajustes en los haberes. Salvo en una oportunidad, todos para los que ganan la jubilación mínima.
- Superávit fiscal. En línea con lo anterior, la propuesta se basa en que el Ejecutivo tome algunas medidas redistributivas con el objetivo de mejorar la situación social y dar mayores herramientas para sostener el crecimiento. Pero Kirchner es muy ortodoxo con la caja del Estado.
- FMI. En algunos despachos oficiales se viene amasando la idea de una desafiliación temporaria del organismo. El objetivo sería estirar los vencimientos de la deuda con el Fondo.
Como puede apreciarse, lejos de los escenarios a los que se sube Kirchner para la campaña, los “funcionarios K” trabajan a todo vapor. ¿Se viene una dosis de heterodoxia, como les prometió el propio jefe de Estado?