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El Gobierno decidió relevar al director general de Gendarmería, Pedro Pasteris, luego de que se conociera que estaba involucrado en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. El funcionario fue jefe del puente internacional de Paso de los Libres, en Corrientes, entre 1980 y 1983, donde fueron secuestradas al menos nueve personas en los años del terrorismo de Estado. Anoche se discutía el nombre del sucesor.
“Cuando designamos a Pasteris, como a la plana mayor de todas las fuerzas de seguridad, hicimos consultas con organismos de derechos humanos y con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y no tuvimos noticias de antecedentes que lo ligaran con violaciones a los derechos humanos. Estamos muy conformes con su actuación mientras dirigió la fuerza, pero no podemos dejar al mando a una persona a la que se le imputan tan graves delitos, por eso decidimos relevarlo”, respondió el ministro de Interior, Aníbal Fernández, ante una consulta de Página/12.
Fernández aclaró que el Gobierno no estaba acusando ni prejuzgando a Pasteris sino que estaba permitiendo que el hombre se defendiera ante la Justicia. “Lo que ocurre es que el Estado no puede tener una posición dubitativa sobre este tema. Además, a partir de ahora Pasteris va a ser objetado en cualquier lugar que se presente. Es una medida en defensa de la fuerza”, agregó el ministro.
El Gobierno tomó esta decisión ayer después de que Clarín publicara que el actual jefe de Gendarmería habría sido el encargado de supervisar a los gendarmes que detenían personas mientras intentaban salir o entrar al país. Hay al menos nueve desaparecidos que fueron secuestrados de esa forma en el paso fronterizo y luego entregados al Ejército.
Actualmente hay dos investigaciones judiciales relacionadas con crímenes cometidos durante la última dictadura en Paso de los Libres: una está relacionada con la desaparición de los militantes montoneros que regresaron al país en el marco de la llamada contraofensiva. Lorenzo Viñas y el cura Jorge Adur son dos de las víctimas que fueron secuestrados en 1980 cerca de Paso de Libres como consecuencia de lo que se conoció como el “Operativo Murciélago”, destinado a capturar a los militantes que entraban o salían del país.
El otro expediente se tramita en Paso de los Libres y se relaciona con el funcionamiento del centro clandestino de detención “La Polaca”. Esta causa se reactivó recientemente luego de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida permitiera confirmar lo que era un secreto a voces en la ciudad: que en la estancia conocida como “La Polaca” fueron torturadas y luego desaparecieron cientos de personas durante la última dictadura.
Página/12 publicó en mayo de este año parte del testimonio de Carlos Waern, un ex integrante del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) que había confirmado a través de un escrito que La Polaca fue parte del circuito represivo de la frontera. El documento circuló como anónimo –aunque los peritos de la Corte Suprema confirmaron que Waern era el autor– y cuando el juez llamó al ex agente a declarar, éste desmintió todo. Sin embargo, Waern aceptó participar en un programa de televisión conducido por el periodista libreño Ignacio Villanueva y allí reconoció su participación en la represión ilegal.
Waern explicó que en 1978 el SIE dispuso un fuerte operativo en los pasos fronterizos y uno de los puntos trazados dentro del área del Segundo Cuerpo de Ejército fue Paso de los Libres. Allí fue enviado –explicó Waern ratificando denuncias de sobrevivientes– el represor Julio Simón, conocido como El Turco Julián, quien desde una oficina montada en la cabecera del Puente Internacional coordinaba el “sistema de marcadores”, es decir, de detenidos que eran obligados a identificar bajo amenaza a los militantes que trataban de ingresar al país. La Polaca era uno de loslugares al que eran llevados los detenidos. Se calcula que por allí habrían pasado cerca de 300 personas.
“A mí no me consta, pero por la manera en que eran torturados no me extraña que alguno haya muerto”, dijo Waern ante las cámaras al reconocer que prestó servicio de “vigilancia” en esa estancia de cuatro hectáreas ubicada a orillas del río Uruguay y que, cuando se hacía cargo de la guardia, cada cuatro días, se encontraba “con un detenido menos”.
Waern se inició como informante del Ejército en 1978, mientras era preceptor de la Escuela Normal de Paso de los Libres, desde donde aportaba datos al departamento de Inteligencia Militar sobre las actividades políticas de los alumnos. En el documento que desconoció pero que una pericia le atribuyó, el ex agente relató parte de la estrategia represiva de la dictadura. Según aseguró “a las personas, con respecto a su ideología izquierdista, antecedentes y relación con la guerrilla, se las calificaba numéricamente del 1 al 5. Al 5 se lo identificaba como BP (Blanco Permanente) sobre los cuales se centraban los requerimientos. (...) Esta información se la vinculaba con las letras A y B, la A era de buena fuente y comprobada, la B era dudosa”.
En su testimonio televisivo, Waern dio cuenta de un “convenio” que existía entre el Ejército y Gendarmería Nacional y aseguró que se habilitó en el paso de frontera que comunica Argentina y Brasil una oficina de migraciones especialmente destinada a “los marcadores”: “Cuando se detectaba a un guerrillero –afirmó– el Ejército informaba con disimulo a Gendarmería y volvía a la oficina. Ellos lo derivaban al edificio de guardia donde lo detenían”. Este vínculo entre el Ejército y la fuerza encargada de custodiar las fronteras para concretar los crímenes del terrorismo de Estado involucra al ahora desplazado jefe de la Gendarmería. Pasteris ocupaba ese lugar desde noviembre del año pasado, cuando, luego de dos denuncias publicadas por este diario relacionadas con manejos irregulares de la ex cúpula de la fuerza, pasaron a retiro 12 de los 16 comandantes generales. Pero Pasteris fue uno de los jefes de la sección puente del escuadrón siete de Paso de los Libres durante la dictadura y como tal no pudo desconocer lo que ocurría en el lugar, aunque él haya negado las imputaciones ante el ministro de Interior.