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En la estrategia de dosificar los anuncios vinculados con cuestiones salariales, el Gobierno informó ayer la incorporación a los sueldos de los 100 pesos no remunerativos que cobran los trabajadores del sector privado desde enero de este año. La medida regirá a partir del 1º de octubre y terminará con las sumas fijas dispuestas por el Poder Ejecutivo mediante distintos decretos. Los empleadores deberán agregar 20 pesos para cubrir las cargas sociales, de modo que el ingreso de bolsillo de los empleados no sufra una caída.
Roberto Lavagna y Carlos Tomada hicieron el anuncio ayer por la mañana en Casa Rosada. El día anterior, Néstor Kirchner les anticipó la noticia a Hugo Moyano, José Luis Lingeri y Juan Manuel Palacios, de la CGT, quienes habían ido a repetirle el reclamo de esa y otras medidas. El Gobierno tiene en carpeta desde hace varios meses distintas iniciativas que mejoran los ingresos de la población, desde quienes se encuentran en la base de la pirámide salarial hasta los que están en el medio.
En ese listado figuraba la transformación en remunerativos de los últimos 100 pesos de suma fija. También se incluye el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, la ampliación del seguro de desempleo a los trabajadores no registrados despedidos y el aumento de las asignaciones familiares. Los dirigentes sindicales reclamaron, además, un aumento generalizado de jubilaciones y pensiones y la aplicación de medidas drásticas para combatir el empleo en negro.
Tomada explicó ayer en conferencia de prensa que el blanqueo de los 100 pesos repercutirá en el bolsillo de los trabajadores a través de las mejoras en el pago de horas extras, aguinaldo, vacaciones e indemnizaciones. El ministro aclaró, sin embargo, que la incorporación de ese dinero a los básicos de convenio no está prevista, sino que “dependerá de las negociaciones colectivas que lleven adelante los gremios y las empresas”. El Gobierno decidió no meterse en ese terreno, sino dejar que la cuestión se resuelva a través de las paritarias.
Desde julio de 2002 a enero de 2005, el Poder Ejecutivo concedió seis aumentos por decreto como suma fija no remunerativa, que luego fueron incorporados a los sueldos. El primero fue de 100 pesos, el segundo de 130 (en enero de 2003), el tercero de 150 (en marzo de ese año), el cuarto de 200 (desde mayo de ese año), el quinto de 50 (en enero de 2004) y el sexto, de 100 pesos, en enero pasado. En total, fueron 730 pesos. Pero varios de esos incrementos fueron otorgados a cuenta de otros aumentos pactados anteriormente entre empresas y trabajadores, por lo que su incidencia quedó acotada.
Lavagna sostuvo que “la lógica de la medida es mantener activa la demanda y que el poder de compra de la población siga el ritmo de aumento de la actividad y la productividad”. Además, destacó que la nueva inyección de la demanda vía salarios “se combina con una medida como la de ayer (por el miércoles), que es de expansión de la oferta”. En este caso, se refería a la desgravación del impuesto a las Ganancias a las utilidades reinvertidas por las pymes.
Para Tomada, “las decisiones en materia de salarios fueron decididas como una política de defensa de los sectores más postergados y con niveles salariales más retrasados y como una forma de inducir y fomentar la negociación colectiva”. El ministro indicó además que la medida forma parte de una política de fomento de la negociación colectiva que “está funcionando satisfactoriamente y abarcando a la mayoría de los trabajadores”.