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Durante una reunión con Eduardo Duhalde, el Foro de Asociaciones de Defensa de Usuarios y Consumidores, representado por ocho ONG, reclamó la creación del Consejo Federal de Seguimiento, Control, Formación de Precios y Abastecimiento. Dicho organismo, que estará conformado por representantes de las asociaciones, del gobierno, legisladores y directivos de las cámaras empresariales, debería dedicarse a congeniar los precios al público con las posibilidades del bolsillo, evitando que los valores se disparen con el dólar. Las ONG se mostraron además muy preocupadas con el per saltum de la Ley de Emergencia, que eleva cualquier reclamo contra el Estado a la Corte Suprema.
Los representantes del Foro presentaron a Duhalde un extenso listado de reclamos y pedidos. Entre ellos, solicitaron participar de alguna instancia de contralor a la actividad bancaria. Durante la reunión, por ejemplo, plantearon que se impida el cobro de interese punitorios y compensatorios provocados por la bancarización forzada o el establecimiento de un cronograma para la devolución de los depósitos que los ahorristas por el momento ven desde fuera del Corralito.
También solicitaron al Presidente que fueran suspendidos los cortes de los servicios públicos en los últimos 90 días, y reclamaron la participación del Foro en la renegociación con las empresas privatizadas y la implementación de tarifas sociales para personas de bajos recursos. El IVA no quedó exento. En el listado fue incluida la eliminación del IVA aplicado a los productos de la canasta familiar y la intervención del Estado para garantizar el normal abastecimiento de medicamentos e insumos vitales, además de pedir que se deje sin efecto aumentos en combustibles y peajes, entre otros puntos.
Conformando al Foro de Asociaciones de Defensa de Usuarios y Consumidores, participaron de la reunión con Duhalde y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, los representantes de ADECUA, Consumidores Activos, Consumidores Argentinos, Consumidores Libres, DEUCO, Proconsumer, Unión de Consumidores de Argentina y de la Unión de Usuarios y Consumidores.
Una de las principales preocupaciones expresadas por las ONG fue el artículo 18 de la Ley de Emergencia Pública, que estipula que todos los reclamos contra el Estado por los alcances de dicha norma llegarán a través del mecanismo del per saltum directamente a la Corte Suprema de Justicia eludiendo las instancias inferiores.
Al término de la audiencia, Patricia Vaca Narvaja, titular de Consumidores Argentinos, aseguró que “vamos a denunciar con nombre y apellido a los que aumenten injustificadamente. Es necesario que articulemos tanto el Estado, como las asociaciones, un nivel de participación y consenso. Habrá que buscar mecanismos de monitoreo permanente, de denuncia y participación”, y recomendó no realizar compras en aquellos comercios donde se hayan remarcado precios.