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La legislatura bonaerense convirtió ayer en ley el proyecto que reformula el Código Fiscal provincial, confiriéndole mayores poderes a la Dirección de Rentas para combatir la evasión. Entre esas potestades especiales está la de embargar bienes sin autorización judicial, secuestrar vehículos de deudores de Patentes e instrumentar un mecanismo de control informático en tiempo real sobre la facturación y despacho de mercaderías de las industrias productoras. En la misma sesión, Diputados sancionó la suba del impuesto inmobiliario rural, que ayer las entidades ruralistas criticaban, mientras el gobernador Felipe Solá la defendía.
Según el nuevo Código, Rentas tendrá varias facultades especiales. La nueva ley lo habilita a embargar bienes de morosos sin que medie autorización judicial previa, aunque con la condición de que un magistrado la avale luego. En esta línea, aquella dependencia también podrá intervenir las cuentas corrientes y capturar el dinero que los defraudadores del fisco provincial destinan al pago de sus cuentas, una variante de la intervención de caja que hoy ya se practica sobre algunos comercios.
La flamante norma también establece la responsabilidad solidaria de los bancos en los que tienen radicadas sus cuentas los morosos, para evitar que las entidades les adviertan cuando están a punto de sufrir un embargo. Al mismo tiempo, faculta a los inspectores de Rentas al secuestro de vehículos de deudores de Patentes cuyo valor supere los 35 mil pesos, piso que en la práctica será elevado a 45 mil, según confía el subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya.
Si bien esta última disposición generó mucho debate, el punto quizá más polémico es el que habilita a Rentas a establecer un control informático permanente sobre las cuentas de empresas productoras de bienes que operan en territorio provincial. La sospecha oficial es que también las primeras marcas alimentan un circuito de economía negra, que Montoya prevé desbaratar chequeando el movimiento de mercaderías.
Finalmente, Diputados también sancionó cambios a la ley fiscal, autorizando un incremento del impuesto inmobiliario rural de entre el 40 y el 120 por ciento según las zonas. “La voracidad fiscal no tiene límites”, se quejaba ayer la Federación Agraria. “Estaba muy bajo: hasta los productores lo admitieron”, defendía el gobernador. La misma norma modificó la valuación del inmobiliario urbano, algo que subirá los montos a pagar aunque no en forma inmediata.