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La intervención al Hospital Braulio Moyano decidida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es una buena noticia. Hace muchos años que se acumulaban las denuncias sobre el maltrato a los pacientes, mientras su director se ufanaba de seguir las prácticas más anacrónicas en materia de salud mental. El doctor Néstor Marchant fue un decidido opositor de la norma constitucional que estableció el tratamiento de los malestares psíquicos en el hospital público, respetando la condición de sujetos de los pacientes, y la necesidad de descentralizar la atención que se presta en los grandes establecimientos neuropsiquiátricos.
Más tarde, cuando la Legislatura sancionó la Ley de Salud Mental, con la participación de todos los sectores académicos y profesionales interesados, el director del Moyano estuvo a la cabeza de quienes defendían la sobremedicación y los tratamientos compulsivos y descartaban el aporte de las terapias basadas en la palabra. Su actitud motivó, en su momento, una fuerte reacción de algunos legisladores que consideramos una afrenta a los derechos humanos la enérgica defensa que hizo el director hoy relevado del electroshock como supremo recurso terapéutico. Como se advierte, las denuncias sobre hacinamiento de la población internada y vejaciones de todo tipo que se han conocido en el último año tienen nutridos antecedentes en la actuación del doctor Marchant.
Los trabajadores del hospital, preocupados porque cualquier cambio afecte su situación, se equivocan al defender una gestión vinculada al desconocimiento de los más elementales derechos de las personas. Tampoco es razonable aducir un presunto negocio inmobiliario –fantasma que ya se agitó 10 años atrás– para impedir la modernización del sistema de salud mental y la aplicación de las cláusulas progresistas de la Constitución de la ciudad. Esperemos que la intervención decretada sea sólo un primer paso para seguir avanzando en ese sentido.

* Ex constituyente y legislador de la ciudad.