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Lo primero que reclamaron los sectores empresarios convocados por el Gobierno para negociar una baja de precios fue que el mismo Ejecutivo convenza a los sindicatos de moderar sus demandas salariales. Néstor Kirchner accedió al pedido y se encargó personalmente del tema, al trasladarle el planteo a Hugo Moyano. La CGT, a su vez, decidió no confrontar con el Presidente, por lo que el escenario para el verano es de una virtual tregua. Sin recomposición salarial, ni reformas estructurales en la política impositiva o de ingresos, la alternativa que encontró el Gobierno para seguir hablando de mejorar la distribución del ingreso es el combate al trabajo en negro.
La elección fue saludada desde la Unión Industrial Argentina, adonde apuntan que el principal problema no lo tienen hoy los trabajadores registrados, y mucho menos los de la actividad fabril, sino quienes se ubican en la informalidad. Junto con ellos –recuerdan en esa cámara patronal– los más perjudicados son los empleados públicos. Se apoyan en los números del Indec, que muestran que desde la devaluación a la fecha los sueldos de los trabajadores informales aumentaron 25,7 por ciento, los de los estatales subieron 25,1 y los de los registrados, 84,6. La inflación en ese mismo período fue del 72,2 por ciento. La conclusión de los empresarios, en resguardo de sus intereses, es que el Gobierno hace bien en frenar los conflictos salariales en el sector privado formal.
“La experiencia argentina demuestra que es muy difícil conseguir aumentos de sueldos sin conflictos”, señaló a Página/12 el abogado laboralista Horacio Zamboni, enrolado en la CTA. “La propia legislación lo reconoce, al garantizar el derecho de huelga, de sindicalización y las convenciones colectivas de trabajo”, agregó el especialista.
La señal que envía el Ejecutivo es que los sindicatos deberán esperar a que pase la escalada inflacionaria para volver a reclamar con fuerza por los ingresos. Eso pone una pausa en la pelea por la distribución de la riqueza. Aunque Felisa Miceli nunca dirá como lo hacía Roberto Lavagna que los aumentos de sueldos son responsables de la inflación, la ministra considera que primero debe establecer un funcionamiento permanente de la política de precios acordados. Eso va más allá del 31 de enero próximo, cuando vence la primera tanda de convenios.
La CGT convalidó esa línea de acción. “No se habló de aumentos salariales, porque se están discutiendo a través de las paritarias en cada una de las actividades”, señaló ayer al término de la reunión con la ministra el titular del sindicato de colectiveros, Juan Manuel Palacios. Sobre la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, comentó que la promesa oficial es “hacerla cuanto antes”.
Para la CTA, el Gobierno debería ponerse al día con el llamado a esa institución. “El punto de partida para cualquier discusión salarial debería ser un ingreso mínimo que cubra las necesidades de alimentación, vivienda, salud, educación y esparcimiento”, enfatizó Zamboni, quien recordó que en noviembre de 2004 se fijó el valor de esa canasta, dentro mismo del Consejo del Salario Mínimo, en 1560 pesos. “La discusión sobre si los incrementos de haberes deben hacerse en función de la productividad o de la rentabilidad empresaria queda desvirtuada si no hay un salario mínimo que cubra esas necesidades básicas”, concluyó.