Por una vez los sectores más castigados por los aumentos de precios no sufrieron una agudización de su situación. Fue en diciembre, cuando el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) bajó 0,1 por ciento respecto del mes anterior. La línea de indigencia para una familia tipo quedó establecida en 384,98 pesos. La caída fue producto de los acuerdos de precios establecidos por el Gobierno. El dato corresponde al Gran Buenos Aires y a la Capital Federal, según precisó el Indec. A pesar de la mínima mejora, el costo de los alimentos esenciales sigue estando muy arriba del subsidio para desocupados que entrega el Gobierno, el Plan Jefas y Jefes de Hogar, que se mantiene congelado en 150 pesos. Para colmo, este año sus beneficiarios no recibieron el “aguinaldo social” que cobraron años anteriores.

La línea de pobreza, en cambio, subió otro escaloncito. Quedó en 831,55 pesos, un 0,35 por ciento por arriba de noviembre. Eso es lo que cuesta la Canasta Básica Total (CBT), que incluye, además de los alimentos indispensables, un conjunto de bienes y servicios relacionados con la salud, la educación, el transporte y la vestimenta, entre otros. En diciembre de 2004, esa canasta costaba 739,99 pesos. Es decir que el incremento interanual fue de 91,56 pesos o 12,37 por ciento.

Esa cifra se puede comparar con lo que ocurrió con los sueldos. El Indec difundió ayer el índice de salarios, que muestra la evolución de los ingresos de los trabajadores formales, informales y empleados públicos. En promedio, estuvieron por arriba de la suba de la CBT y de la CBA. Y también de la inflación, que fue del 12,3 por ciento el año pasado. Los haberes se elevaron 18,9 por ciento. Pero al discriminar entre los distintos tipos de asalariados, las situaciones son muy diferentes. Quienes se encuentran en blanco lograron compartir los beneficios del modelo. Sus ingresos crecieron un 24,0 por ciento y quedaron bien arriba de la suba de precios.

En cambio, los trabajadores informales y públicos siguieron penando. En el primer caso, quedaron rezagados con un aumento de sólo el 10,9 por ciento, 1,4 punto por debajo de la inflación. Y eso que en diciembre lograron una recomposición del 2,6 por ciento, que fue la más fuerte para todo el universo de trabajadores. La explicación oficial fue que esta suba fue una suerte de respuesta de los empresarios al anuncio del Gobierno de que habrá nuevos controles para combatir el empleo en negro. Los empleadores, de acuerdo con esta versión, estarían buscando esquivar denuncias.

De todos modos, para el Ejecutivo, además de controlar la inflación, es indispensable conseguir una rápida caída del empleo informal para mejorar los ingresos de la población. De lo contrario, el modelo de fuerte crecimiento económico seguirá dejando fuera de los beneficios a una franja significativa de trabajadores, que en la actualidad representa nada menos que el 46,2 por ciento del total de personas ocupadas.

Los empleados públicos, por su parte, apenas si le ganaron a la inflación. Sus sueldos subieron en el año 12,9 por ciento, seis décimas más que el costo de vida. En diciembre, sus haberes no registraron variación. En cambio, los de los trabajadores formales aumentaron 0,9 por ciento.

Los resultados anuales ratificaron la continuidad de una tendencia que se verifica desde el mismo momento de la devaluación. Entre diciembre de 2001 e igual mes del año pasado, los salarios de los trabajadores formales subieron 86,3 por ciento, contra apenas 29,0 de los no registrados y 25,0 de los empleados públicos.

Por el lado de los precios, la canasta alimentaria acumuló en 2005 un alza del 14,97 por ciento. En diciembre del año anterior costaba 334,83 pesos y pasó a 384,98 el mes pasado. Este es el costo que calculó el Indec para una familia compuesta por un padre de 35 años, una madre de 31, una hija de 8 y un hijo de 5. Esa es también la familia tipo para establecer la línea de pobreza.

Los resultados demostraron que los indigentes fueron quienes peor la pasaron el año pasado, ya que la canasta de alimentos subió 2,6 puntos más que la canasta básica total. De allí la necesidad del Gobierno de ampliar y extender en su duración los acuerdos de precios con supermercados e industriales. La otra pata de la política de recomposición de ingresos, que consistiría en una suba de los planes sociales, por ahora la deja de lado.