Los popes de la industria de alimentos visitaron ayer el Ministerio de Economía para evaluar la marcha de los acuerdos de precios y analizar qué pasará a fin de mes, cuando venza el entendimiento firmado en noviembre para rebajar y mantener congelados en los supermercados los valores de 228 productos de la canasta familiar. A varios de ellos no les importó interrumpir sus vacaciones para asistir al encuentro, con tal de asegurarse que el Gobierno no aplicará ningún control más severo sobre los precios del sector. Ahora las tratativas para extender los acuerdos serán entre Economía y cada una de las compañías del ramo: hoy les toca a Arcor, Quickfood, Nestlé, Mastellone y Granja Tres Arroyos, según informaron a Página/12 fuentes empresarias. Mientras tanto, las asociaciones de consumidores siguen denunciando subas y reclamando castigos para los infractores.

El objetivo oficial de ampliar la lista de productos con descuento y estirar los convenios hasta fin de año todavía está verde. Los directivos de la influyente Coordinadora de la Industria Alimenticia (Copal) prefieren ir renovando sus compromisos de precios en la medida en que se vayan cumpliendo los plazos, y que cada firma hable por sí misma. “Quizá los plazos puedan no ser los mismos para un producto que para el otro. En la medida en que venzan los acuerdos se irán renovando, pero eso no se va a hacer a través de las cámaras sino por empresa”, sostuvo ante este diario el titular de la Copal, Alberto Alvarez Gaiani.

El ex presidente de la UIA, uno de los más escépticos respecto de la estrategia antiinflacionaria del Gobierno fue acompañado por Alberto García (aceites), Osvaldo Capellini (lácteos), Roberto Domenech (pollos y huevos) y Juan Almirón (bebidas sin alcohol), entre otros. Allí los habían citado los secretarios de Política Económica, Oscar Tangelson, y de Coordinación Técnica, Lisandro Salas. También los esperaba la flamante subsecretaria de Coordinación Económica, Silvia Canela, quien más tarde se escapó hasta el salón Padilla para asumir formalmente en el cargo. En ese acto y luego de la reunión, Tangelson comentó escuetamente a la prensa que “no se habló de un acuerdo puntual” con los industriales, aunque se permitió fantasear en voz alta: “Ojalá haya un acuerdo por varios años”. Salas agregó que los encuentros periódicos seguirán con el resto de los eslabones de la cadena, y dijo haber encontrado “una muy buena disposición por parte de los empresarios”.

La Copal emitió luego un comunicado en el que ratificó su compromiso de “hacer los máximos esfuerzos posibles para contener el incremento de la inflación y consolidar el crecimiento que la economía viene reflejando en los últimos años”. Alvarez Gaiani admitió que mientras siga vigente el convenio actual, las empresas deberán justificar ante el Gobierno cada aumento de precios con una suba equivalente en sus costos. Pero aclaró: “Ellos repitieron por lo menos tres veces que esto no era un control de precios, y yo les reiteré varias veces que pensamos que los controles de precios no sirven para nada”.

Los acuerdos voluntarios figuran en el centro de la política oficial para combatir la inflación, que sumó el 12,3 por ciento en el 2005 y que la mayoría de los analistas también proyecta en dos dígitos para este año. En Economía dicen que sentando a la mesa a los supermercadistas lograron frenar las expectativas de una carestía aun mayor, y se congratulan por el retroceso del 0,1 por ciento de la canasta básica alimentaria en diciembre. Pero los consumidores no piensan lo mismo. “Estos acuerdos no fueron respetados por los empresarios: faltaron productos, se cambiaron productos, se cambiaron contenidos y hasta se cambiaron los precios en algunos casos. Los alimentos aumentaron un 1,2 por ciento en el mercado mayorista y un 0,8 en el minorista, y así es imposible que haya acuerdosde un año como pretende el Gobierno”, protestó ante Página/12 el presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Busetti.