La asamblea de accionistas de Aguas Argentinas resolverá hoy si sostiene su anunciada decisión de abandonar la prestación, tal como todo lo indica, o si da cabida al ingreso de un nuevo socio, vía que hasta anoche se sugería como muy poco probable. El cónclave es continuación del que tuvo lugar el 22 de enero, oportunidad en la que se pasó a cuarto intermedio con el proclamado y contradictorio propósito de seguir indagando ambas vías. Las negociaciones con el Estado no cesaron a pesar del amague de Suez de replicar en esta compañía lo que ya hizo en la empresa sanitaria de la provincia de Santa Fe, recientemente reestatizada.

Los franceses asumieron el protagonismo de una difícil negociación con el Gobierno que también involucra a otras empresas, como la española Aguas de Barcelona, el Banco Galicia, Vivendi, Anglian Water, la Corporación Financiera Internacional y los trabajadores. El cónclave de hoy congregará a sus representantes para definir el capítulo abierto cuando aquella compañía comunicó su decisión de abandonar la licitación ante el estancamiento de las discusiones con el Gobierno.

Para entonces, existían dos puntos claves que trababan tanto un acuerdo con el Estado como la eventual incorporación de un nuevo socio. Uno es la resistencia oficial a conceder un ajuste de tarifas de la magnitud pretendida por la empresa, negativa oficial que ahora supone no permitir ningún incremento durante el año en curso. La otra es de qué modo la compañía podría afrontar su deuda externa, cercana a los 600 millones de dólares. Los franceses aspiraban a que tal deuda fuera traspasada al Estado argentino.

El Estado resolvió asumir como propia la obligación de expandir el servicio, proporcionando un alivio importante a la caja de la sociedad adjudicataria. Pero ese sustancial apoyo no habría resultado suficiente como para seducir a algunos fondos de inversión que se arrimaron con ánimo de sumarse al negocio.

Los accionistas privados comunicaron hace meses al Gobierno la decisión de abandonar el servicio, imputándole al Gobierno la responsabilidad del quiebre de la ecuación económico-financiera debido al congelamiento de tarifas que se dispuso tras la devaluación. Planificación, devenida en autoridad de aplicación del contrato, replicó negando que se hubieran incurrido en esas faltas imputadas por la empresa y le recordó los incumplimientos en que incurrió la compañía en el transcurso del contrato, aunque sin pronunciarse por continuarlo o darlo por caído.

La falta de una comunicación fehaciente de una y otra parte dejó de hecho abierta la negociación con los funcionarios a cargo de Julio De Vido (ayer renunció el duhaldista subsecretario de Recursos Hídricos, Hugo Amicarelli), con los que se continuó discutiendo todo el temario en la mayor reserva posible. Pero la reunión de hoy forzará a un pronunciamiento público que dé un indicio de si el diálogo entre el concedente y el concesionario continuará por la vía administrativa y negociada o si recalará en los Tribunales para decidir cuál es el costo de dar por caído el contrato y a quién le corresponde afrontarlo.