Después de acumular cerca de veinte pedidos de juicio político, el juez federal de Santiago del Estero, Angel Toledo, fue citado a declarar ante el Consejo de la Magistratura por sospechas en su manejo de varias causas judiciales, muchas ligadas a intereses del juarismo. La Comisión de Acusación resolvió pedirle explicaciones al apoyar un dictamen del consejero Beinusz Szmukler, que lo señala como responsable de retrasos injustificados en sus investigaciones, errores procesales recurrentes, abuso de autoridad y parcialidad en el trato de ciertos imputados. La semana próxima el organismo agregará imputaciones por posibles maniobras destinadas a favorecer al grupo económico de Néstor Ick, el más poderoso de la provincia, en base a un informe de Marcela Rodríguez (ARI).

Toledo es juez hace más de veinte años, cuando lo nombró el ex gobernador Carlos Juárez. Deberá presentarse ante los consejeros el 7 de marzo, bajo una modalidad que en el organismo suelen comparar, por su gravedad, con la declaración indagatoria en una causa penal. La decisión fue votada por todos los integrantes de Acusación que estaban ayer: los kirchneristas Diana Conti y Carlos Kunkel, la arista Rodríguez, Federico Storani (UCR) y los abogados Szmukler y Luis Pereira Duarte.

La investigación que hizo Szmukler tuvo como punto de partida una denuncia de la defensora oficial de Santiago del Estero, Marquesa Zurita de González, quien acusó al juez de dilatar expedientes en los que ella intervino, entre los que aparecen casos de narcotráfico. El análisis de Szmukler incluyó también dos presentaciones de la Procuración General de la Nación ante el Consejo.

Otra rama de la pesquisa contra Toledo, que está en manos de la diputada Rodríguez, quedaría incorporada a la citación la semana próxima y podría complicar más aún la situación del magistrado. En 2004 la fiscal de Estado de Santiago, Sara Fauze, se presentó ante el cuerpo de consejeros y denunció que Toledo debió haberse excusado en tres causas que involucraban al empresario Ick –dueño de la mayoría de las privatizadas en la provincia en los noventa– “por su amistad manifiesta con él” y “por no ser de su competencia”.

El Consejo auditó el juzgado federal santiagueño y una conclusión preliminar da por probadas las acusaciones centrales. El informe de los auditores incluye documentación y testimonios comprometedores, como el del fiscal Carlos Borges, que dijo que Ick y Toledo “son amigos íntimos”. “Cenan juntos, (Toledo) ha sido padrino de una hija”, afirmó sin titubear. Fauze, por su parte, también había aportado el acta de casamiento de un hijo del empresario donde el juez figura como testigo.

Toledo instruye 33 causas por violaciones a los derechos humanos en Santiago durante la última dictadura, entre ellas las que involucran al ex jefe de inteligencia Antonio Musa Azar. Sólo tres tuvieron algún avance.