Cualquier cosa que suceda en Santa Cruz tiene un correlato inmediato en el gobierno nacional, se despoja de su carácter regional y se proyecta irremisiblemente como provincia base del Presidente. El conflicto mismo, en su esencia, asume esa particularidad, porque el reclamo gremial no apunta centralmente a las empresas petroleras sino a una ley nacional que fija los mínimos no imponibles del impuesto a las Ganancias. El reclamo señala que, mientras esa norma no sea reformulada, deberían ser las empresas las que absorban el descuento que se hace a los trabajadores. Pero en principio el conflicto focalizado en Las Heras busca un interlocutor nacional, un mecanismo difícil de aplicar en otra provincia.

Las autoridades provinciales y el mismo gobierno nacional también son conscientes de cómo repercute en el país un conflicto en Santa Cruz. De alguna manera, los protagonistas de uno y otro lado tienden a plantarse con esa conciencia, con lo cual una reivindicación que está expresada en todo el país –en la que no están en discusión despidos, cierres o víctimas previas–, allí asume características particulares.

Pero como Santa Cruz interviene por ese fenómeno en la discusión nacional, el debate sobre la represión a los piqueteros y los cortes de ruta, la judicialización de la protesta social y la seguridad saltan del pueblo de Las Heras y se instalan en el escenario nacional.

Patti y el macrismo denuncian la “incapacidad” del Gobierno para mantener el orden, rechazan la “impunidad” de los piqueteros y exigen mano dura y castigo a los asesinos del policía. Desde el otro lado, algunas agrupaciones de la izquierda denuncian la represión y la “provocación” por parte del Gobierno, al que responsabilizan por la muerte a balazos del oficial.

Pero es difícil trazar coordenadas tan puras en esta situación porque, si bien es cierto que hay antecedentes de judicialización de la protesta y hubo represión, lo cierto es que en ésta no se produjeron víctimas. Por el contrario, las víctimas de bala de plomo son todos de la policía. La Justicia deberá dilucidar la responsabilidad por la muerte del policía y los heridos y castigar a los autores de los disparos.

Pese a este cruzamiento de realidades entre Las Heras y el resto del país, no podría asegurarse que uno y otro escenario padezcan los mismos síntomas. Ni que todo conflicto por aumento del mínimo imponible tenga que estallar de la misma forma desproporcionada. Pero ambos escenarios disparan un mismo debate que se plantea con la distancia entre los argumentos del macrismo y Patti, de un lado, y las agrupaciones de izquierda del otro, donde una situación tiene descripciones opuestas, además de la del Gobierno.

Se trata de un debate previsible, en el que cada quien sabe lo que va a decir el otro, más allá de lo que pase. Un debate precario que apenas tiene algunos pocos hilos comunicantes de los que pende displicentemente la amenaza de la violencia. El peligro de naturalizar estos hechos, de justificarlos o mirar para otro lado es que carcome el espacio que hace posible la protesta democrática y que otras voces sean escuchadas. Si ese espacio se cierra, deja el camino abierto para la violencia. En esa lógica no importa escuchar al otro, porque ya no pesan los argumentos sino sólo la fuerza.